La jueza I’Ashea Myles que instruye el caso de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en el estado de Tennessee Estados Unidos, ordenó este miércoles preservar todas las pruebas relacionadas con la cámara de su fallida ejecución.

Durante una audiencia judicial en la ciudad de Nashville, Myles entregó al estado una lista exhaustiva de posibles materiales que debían conservarse, incluidas las llamadas al 911 relacionadas con el fallido intento de ejecución y las comunicaciones entre los funcionarios estatales, de acuerdo a CNN.

Según la agencia EFE, entre lo que la magistrada mencionó como evidencia relevante a conservar se cuentan desechos, etiquetas de empaque, folletos instructivos, agujas, catéteres, suministros médicos, correas de sujeción, camillas, jeringas, medicamentos o vías intravenosas, después de que la defensa solicitara acceder a la información.

De la misma forma, ella señaló que este caso es único y que la situación no se podía haber previsto, mencionando además como evidencia relevante a cualquier funcionario estatal que haya sido llamado durante el tiempo en que se tomó la decisión de contactar a los servicios de emergencia.

A esto se suman todas las comunicaciones relacionadas con la decisión, si la hubiere, de detener el segundo intento, y cualquier comunicación entre el personal del Departamento de Correcciones de Tennessee (TDOC, por sus siglas en inglés), los funcionarios estatales y cualquier representante de la oficina del gobernador o cualquier otro funcionario.

Junto con otras pruebas físicas, como fotos y grabaciones de video o audio de la época cercana a la ejecución.

“Quiero que todos conserven toda esa información”, dictaminó la jueza, añadiendo que el estado no debería tener ningún problema en hacerlo, porque ya está obligado a conservar dichos materiales en virtud de una orden de protección federal.

A la vez que advirtió que la administración estatal debería “tener especial cuidado de no perder, extraviar ni borrar accidentalmente” ninguna información relacionada con el caso, junto con hacer todo lo posible por establecer procedimientos y políticas que garanticen que no se descarte ni se destruya ningún dato.

De acuerdo a sus abogados, Pike, que está consciente y puede hablar, permanece encadenada a la cama del hospital en el que se encuentra, cuya ubicación no ha sido revelada, ante la negativa de las autoridades competentes para quitarle las cadenas.

Su defensa también dijo que el personal médico ha pedido que se retiren los grilletes aunque esa petición fue denegada por el TDOC.

Asimismo, solicitaron acceso a la información concreta de los fármacos utilizados para los intentos de ejecución de Pike, como pruebas “relevantes para cualquier impugnación futura” que pueda presentarse.