La Comisión Especial de la Cámara de Senadores de Bolivia que viajó a Chile para investigar el caso maderas informó este martes que no se confirmó la presencia de sustancias controladas en los cargamentos bolivianos. La comisión cuestionó a las autoridades chilenas y ratificó que parte de la madera incautada ya fue quemada. “Lamentablemente no existe una seguridad jurídica para nuestros empresarios bolivianos, en virtud a que en este momento en Chile están en una etapa preliminar de investigación y aun así han procedido a la quema de las maderas”, afirmó la senadora Wanda Medrano en conferencia de prensa.

Este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que el canciller Héctor Huanca realizaría este miércoles un “viaje protocolar relámpago” a Chile a fin de reunirse con su homólogo chileno para coordinar la agenda, las fechas y las locaciones de la próxima visita oficial del presidente Kast. Según el diario paceño La Razón, Huanca aprovechará su estadía para evaluar el caso de las maderas incautadas supuestamente impregnadas con drogas.

En entrevista con La Tercera, el gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Walter Rioja, aborda el llamado caso de las “narco-maderas”, el impacto que la incautación ha generado en la industria forestal del país y la reacción de las autoridades chilenas.

Usted ha dicho que la investigación por parte de autoridades chilenas ha provocado “un cataclismo” en la industria forestal boliviana. ¿Cuál ha sido el impacto de esta medida?

No es exageración decirle cataclismo. A raíz de todo este problema, hasta el mes de agosto se habían perdido 20 mil empleos directos, qué es el 10% de los empleos que genera el sector. Nosotros generamos 200 mil empleos, ya se habían perdido 20 mil. Las exportaciones han caído a niveles nunca antes vistos. Hemos tenido el peor junio de nuestra historia, el peor julio de nuestra historia. Hablando más en números fríos, las exportaciones del año han caído un 30%, que en el trimestre es un 60%. Estamos hablando de que se han perdido ya este año, hasta el momento, casi 11 millones de dólares solo en dejar de exportar, que ha tenido un impacto en la economía de.30 millones de dólares, porque aquí la madera tiene un efecto multiplicador de 3.3, más los 10 millones que están lamentablemente retenidos en Chile, los cuales muchos ya se han quemado. Y bueno, sin dejar de mencionar, que los principales afectados, además de las empresas, son las comunidades indígenas y campesinas, porque ellos son las dueñas del 80% de las tierras de producción forestal en Bolivia y son las proveedoras de la misma cantidad de madera para la industria. Entonces son los que más se han visto afectados por esto.

¿Qué antecedentes manejan sobe la incautación de madera realizada en junio en Arica?

Este problema no es que arrancó el 8 de junio. Ya desde principios de año estábamos recibiendo reportes de que las cargas se estaban reteniendo más de lo habitual en Arica. Entonces, lógicamente, nosotros empezamos nuestra gestión institucional con autoridades bolivianas, enviando correos a Chile, reuniones con gente del TPA (Terminal Puerto Arica). Estuvimos el 24 de abril cuando vino la delegación de Chile, liderada por el canciller Pérez Mackenna, en Cainco (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz), en un desayuno empresarial aquí en Santa Cruz. Se mencionó este problema, o sea, lo mencioné yo a ambos cancilleres, al de Bolivia, que en ese entonces era Fernando Aramayo, y al canciller Pérez Mackenna. No se le dio la atención necesaria, y bueno, como los atrasos seguían y ya estábamos en junio se hizo el viaje de una delegación boliviana que estuvo conformada por el viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, varios empresarios madereros y mi persona, en la cual estábamos en la conexión en Lima cuando salió la noticia (de la incautación). Entonces el viaje se transformó de un “¿por qué se atrasan nuestras cargas?” a “¿qué es lo que está pasando?¿por qué nos acusan de esto tan horrible?”. Y tuvimos una serie de reuniones en Arica.

Principalmente, al consulado boliviano nunca se le informó que estaban haciendo estas retenciones, incumpliendo la resolución exenta 6153 del Servicio de Aduanas de Chile, que establece que para controles de narcotráfico se tiene que coordinar con aduana boliviana, nunca se hizo. Nos juntamos con gente del puerto, gente de la aduana chilena de Arica. Se lavaron las manos, dijeron que era orden de fiscalía. Nos juntamos con el delegado presidencial y ahí él nos explicó que estas incautaciones se dieron porque, según ellos, en 2024 hubo una gran incautación de precursores que no cuadraba con la cantidad de sustancias controladas incautadas. Entonces, desarrollaron un algoritmo de inteligencia artificial y mediante prueba y error empezaron sus incautaciones en octubre del año pasado, con el primer cargamento. Es decir, llevamos un año prácticamente desde que se han incautado cargas con este método y hasta ahora no hay un solo gramo de evidencia, no se ha mostrado nada.

¿Cuál es la acusación concreta de la fiscalía? ¿Ustedes han podido aportar peritajes para contrarrestar las acusaciones?

El fiscal hizo la acusación de que era droga impregnada en madera al mínimo de un 10%, que podía ser tranquilamente un 20% o 30%. Es decir, en vez de 108 toneladas, podríamos estar hablando de 216 o 332, según él. Ya con el pasar de los meses, toda la crisis que se vino en Bolivia, nuestras exportaciones de madera tuvieron sellos rojos durante mucho tiempo, es decir, no salían, hubo allanamientos a las empresas, se filtraron listas no oficiales, hizo que haya un escarmiento público al sector y a las empresas forestales. Hablamos de cierre de cuentas de banco, acusaciones en todos lados sin verificar fuentes.

Y bueno, mientras todo esto pasaba, se fueron apilando evidencias a nuestro favor. Es decir, estudios del CIRAD de Francia, también de la ITTO de Japón, de la Universidad Gabriel René Moreno, que establecen que la madera tropical no es impregnable, porque es madera dura, categoría 4, según normativa europea 350, que es la que ve estos temas, justamente la dureza e impregnabilidad de la madera. Y además de eso se contrató por parte de las empresas a dos exagentes de la DEA de alto nivel. Uno de ellos, Scott Oulton, exjefe internacional del laboratorio, y el otro, James Kuykendall, que fue jefe de la DEA en Bolivia, jefe de la DEA en Chile, jefe de la DEA en la región andina, que analizaron los informes del ISP. Una vez que entregaron las carpetas investigativas a las empresas, encontraron una serie de inconsistencias, vicios y errores. De los cuales los principales son que en ningún momento estos informes mencionan impregnación. Y segundo, lo que estos informes mencionan es trazas menores al 5%, Entonces, con estos dos hallazgos, se viene abajo la hipótesis y acusación temeraria que hizo la fiscalía de decir que la madera estaba impregnada y que era por lo menos 10%. Ahora sabemos que nunca hubo impregnación y no puede ser más del 5%, según los mismos informes.

Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, se hicieron en su momento las gestiones legales, se emitió una orden de fiscalía para no quemar la madera y, sin embargo, vemos que se ha hecho, destruyendo la única evidencia de un proceso que está en curso, quiero recalcar, del cual nadie ha sido acusado hasta ahora, no se ha mostrado un solo gramo de evidencia en estos ya casi cinco meses que vamos del caso.

Y se está coartando el derecho de defensa de las empresas bolivianas, se está destruyendo lo único que podía exonerar verdaderamente y sin lugar a dudas a las empresas. Y esto es porque saben que han cometido un error totalmente. Nosotros desde el día uno en Bolivia hemos venido pidiendo que se deje a un tercero neutral tomar contramuestras, ya sea la DEA, la Unión Europea, Interpol, para que se dirima el resultado de la madera, la realidad material. Nosotros estamos seguros de nuestra posición. Si la Fiscalía de Arica estuviera tan segura como nosotros, hubieran dejado que esto pase. Sin embargo, rechazaron la presencia de la DEA, no dejan que nadie tome contramuestras y esto es claramente porque saben que se han equivocado. Este caso se pudo haber solucionado en un mes si hubieran dejado que se tomara esta contramuestra. No lo hicieron y hemos llegado a este punto, un punto de tensión entre ambos países.

Usted incluso ha acusado un “montaje”.

Claro que sí. Cuando hicieron la acusación, hicieron toda una puesta en escena, juntaron los contenedores. Estuvo presente el ministro Arrau, estuvo la Armada, el fiscal nacional, e hicieron esa acusación sin tener una sola prueba, sin haber acusado a nadie formalmente, y ahora están destruyendo la evidencia antes de que se concluya para empezar el proceso, y no están dejando que se tome una contramuestra, nos están coartando el derecho legítimo a la defensa, que es una de las piedras angulares del derecho internacional. Entonces, no hay otra forma de llamarlo.

¿Ustedes le han planteado esto a las autoridades bolivianas para que ellas se contacten con sus contrapartes chilenas?

Efectivamente, se ha planteado. Se han tratado de hacer los contactos. Sin embargo, desde Chile dicen que esto es cuestión del Ministerio Público y que no puede haber intromisión de poderes. Ahora, a mí me parece curioso eso, porque al inicio de esta crisis, el delegado presidencial, que es representante del poder ejecutivo y por ende no debería tener ningún tipo de información privilegiada sobre estas investigaciones, salió en la prensa boliviana dando entrevistas al respecto y dando información que correspondía a las carpetas investigativas exclusivamente, incluso antes de que las empresas bolivianas las tengan para su defensa. Es decir, ya había un signo de intromisión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que el canciller Héctor Huanca viajaría este miércoles a Santiago para reunirse con su par chileno Francisco Pérez Mackenna. ¿Tiene antecedentes de si el tema de las maderas figura en la agenda?

Efectivamente, este tema figura en la agenda. Es imposible que no lo esté, peor ahora que está viniendo el presidente Kast con una supuesta búsqueda de un nuevo tipo de relación. Personalmente, yo no sé a qué está viniendo el presidente Kast si eso está pasando en su país. Tenemos a instituciones que desconocen órdenes de la fiscalía, que no dejan que se defiendan limpiamente las empresas, posible intromisión del Poder Ejecutivo. Entonces, habría que poner primero en orden Chile antes de estar viniendo a Bolivia y querer buscar una nueva relación, siendo que nos están acusando de crímenes horribles.

En ese sentido, ¿usted cree que es recomendable que el presidente Kast viaje en este momento a Bolivia?

Mire, yo creo que el presidente Kast tiene que venir y tenemos que dar una solución a esto. Ya es hora de que se tome en serio este problema. Ya llevamos casi cinco meses con esto. Se tiene que solucionar de una buena vez. Como digo, esto se pudo haber solucionado en un mes, no quisieron, se está complicando cada vez más. Chile está viendo las consecuencias negativas de esto porque su reputación se está yendo al piso como un país serio e institucionalizado, porque este caso nos está demostrando que no tienen la capacidad de admitir un error. Es más, vi la intervención de un eurodiputado sobre este tema, pidiendo que se ponga en agenda de la Comisión Europea para que lo investiguen de oficio. Entonces, la credibilidad chilena se está viniendo para abajo.

Recordemos que entre el 70% y el 80% de la carga que mueve el puerto de Arica es boliviana. Es decir, tiene un gran peso económico en la región. Y ante esta situación, los otros sectores, las empresas, están haciendo uso de otras alternativas logísticas, que si bien inicialmente pueden ser un poco más caras, prefieren hacer eso a correr el riesgo de que Chile vuelva a cometer un error garrafal como el que ha cometido y no dejen que se defienda. Entonces, la población chilena también sufre económicamente por estas cosas.

¿Tienen contemplada la posibilidad de plantearle esto directamente al presidente Kast cuando viaje a Bolivia?

Efectivamente, estamos barajando todas las opciones. Lo que sí es necesario es que haya un resarcimiento para las empresas, principalmente por el daño no solo económico, sino reputacional que les han causado. Por lo menos tiene que ser el valor de la madera que está retenida y perdida en el puerto y las multas y sobrecargos que están incurriendo con las navieras, porque recordemos que la madera en contenedores está pagando multas por retrasos. Además de eso, también se tiene que valorar el daño de reputación que se ha hecho, porque ha sido terrible. Por poner un ejemplo, antes de esta crisis Bolivia estaba atendiendo a 32 mercados internacionales, hoy día estamos llegando solo a 10.

Además de este resarcimiento, ¿consideran acciones judiciales incluso en tribunales internacionales?

Eso es algo que no está fuera de la mesa. Preferimos ir primero yendo paso por paso. Pero ir a tribunales internacionales no es algo que esté descartado.