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Este jueves se conoció la declaración ante la fiscalía del secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, quien mencionó que su partido acordó informarle a Carlos Durán del caso Democracia Viva, lo que se habría hecho el 15 o 16 de junio, cuando estalló la polémica. Sus afirmaciones volvieron a instalar las dudas sobre cuándo se enteró La Moneda del asunto debido a que el Ejecutivo indicó que conocieron el tema el día 16 de junio, lo que provocó que Chile Vamos y el Partido Republicano activaran nuevas gestiones fiscalizadoras.

A través de una solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga ilícitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y cohecho, por los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, pidió conocer las cuentas cuatro cuentas bancarias de la diputada RD. También solicitó lo mismo respecto de Daniel Andrade y Carlos Contreras.

Autoridades informaron que se encuentra "científicamente comprobado" la responsabilidad de las empresas eléctricas en el origen de, al menos, tres siniestros, por falta de mantención de sus instalaciones.

El plan de la Fiscalía, anunciado por el fiscal nacional (S), Xavier Armendáriz, durante la conferencia internacional de la Fundación Paz Ciudadana, contempla la sistematización de un trabajo en los sitios donde ocurren los asesinatos, así como también el reforzamiento de las unidades de análisis criminal de las reparticiones de la institución.

El Consejo de Defensa del Estado recibió un documento firmado por el general director de la institución uniformada, Ricardo Yáñez, en que se les pide querellarse en la investigación de asociación ilícita y robo de madera donde dos funcionarios fueron detenidos como integrantes del grupo delictual.

A través de un oficio enviado a la comisión de Seguridad de la Cámara, el fiscal Ángel Valencia expuso una serie de observaciones a la iniciativa del Ejecutivo. En el texto, el persecutor asegura que pese a la valoración del proyecto, advierte que varias funciones que se plantean en la iniciativa son algunas de las que corresponden al trabajo del Ministerio Público. Crítica que también hizo la Corte Suprema en su informe por el proyecto.

A través de un requerimiento al Ministerio Público, como querellante en la causa, pidieron la declaración como testigos de nueve de sus militantes, entre ellos la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner. En un inicio RD había apuntado en la primera querella que todos los mencionados en una diligencia podían declarar como testigos o imputados; sin embargo, en la nueva solicitud la colectividad hace una distinción de las pesquisas en dos grupos: por un lado, se pide que sean requeridos solo como testigos los que son militantes, y se separa de ellos -para que puedan tener calidad de imputados- los expulsados Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la suspendida congresista.

Mientras el contrato entre la aseguradora Mapfre y la comunidad del edificio Miramar Reñaca solo cubre “riesgos de la naturaleza”, Sernapesca pidió investigar la presunta "afectación a especies hidrobiológicas" producto de los deslizamientos, al tiempo que un abogado denunció al Fisco “la grave amenaza de ruina y peligro”. Asimismo, la Fundación Defendamos la Ciudad pidió a la alcaldesa Ripamonti autodenunciar al municipio para que la Fiscalía investigue los permisos de obras, todo esto en tanto los edificios se mantienen inhabitados.

“Esperamos tener pronto resultado y ejercer las acciones penales correspondientes ante este hecho tan reprochable desde el punto de vista penal", expresó Osvaldo Basso, fiscal jefe de Villa Alemana. El agresor, por su parte, pidió perdón y señaló estar dispuesto a "asumir las consecuencias del juicio que se lleva a cabo".

Un informe del organismo da cuenta que el Ministerio Público ha recibido 732 denuncias por este delito, entre el 2018 y el 2022. De total de estas causas, el 78% se encuentra sin imputado conocido.

El 14 de abril de este año, casi dos meses antes de que estallara el escándalo por líos de platas, la Seremi de Vivienda de Antofagasta hizo una investigación interna al funcionamiento del Programa de Asentamientos Precarios. En 48 páginas se da cuenta de una temprana alerta a las irregularidades que hoy persigue el Ministerio Público.

Según ha trascendido, Chile o Perú podrían ser destinos de interés para Héctor Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero”, puesto que la banda ha extendido sus operaciones criminales hacia ambos países. Por lo mismo, como ya han confirmado las autoridades locales, las alertas están encendidas.

El principal argumento que usarán los abogados para revertir la decisión de la jueza será que, en el caso de los excarabineros, eran funcionarios públicos al momento de participar de la banda, lo que agravaría aún más la penalidad del delito.

El padre del niño se encuentra en estado grave con riesgo vital producto de un golpe con un objeto contundente.

Más de 40 miembros de la organización de origen venezolano están en prisión preventiva por homicidios, secuestro y tráfico de personas. El grupo volvió a la palestra luego de que un juez develara las identidades de testigos protegidos que ayudaron a su captura.