El conservador de Santiago, Luis Maldonado, corre contra el tiempo en la misión de dejar sin aplicación el mandato de la ley que lo cesará de su cargo el próximo 2 de octubre.

Para eso inició hace unos meses una demanda civil invocando la Ley Zamudio. Lo hizo ante el 28° Juzgado Civil de Santiago y en su acción le pidió a la jueza Claudia Veloso que, de oficio, requiriera al Tribunal Constitucional (TC) pidiendo la inaplicabilidad de la norma de la reforma notarial que lo obliga a jubilarse por tener más de 75 años.

La jueza Veloso solo pidió inaplicar el artículo 6, letra b), de la Ley Zamudio, pero la magistrada nada solicitó respecto del artículo segundo transitorio de la Ley N° 21.772 que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.

Maldonado, que ante el TC está representado por el exministro de esa misma magistratura Gonzalo García, consiguió que su requerimiento fuera admitido a trámite y se decretara la suspensión de la gestión pendiente.

Sin embargo ese logro de nada le sirvió para evitar que tenga que jubilar el próximo 2 de octubre ya que lo que se suspendió no fue la aplicación de la ley que modificó el sistema notarial, sino que solo se congeló la demanda civil que se ventila ante la jueza Veloso.

Por lo mismo Maldonado, para no perder la oportunidad, este jueves volvió a reiterar -a través de su abogado- la solicitud para suspender de manera provisional el “acto reclamado” que deberá dictar en los próximos días el ministro de Justicia Fernando Rabat, es decir, la norma transitoria que lo jubila de manera forzosa. Junto con eso pide que se haga una vista preferente de su caso -para alcanzar antes del viernes- y se oigan alegatos de admisibilidad.

El problema de Maldonado es aún más complejo. No solo se pone cuesta arriba su misión de mantenerse en el cargo, sino que además tiene que navegar con el hecho de que el TC ya revisó la constitucionalidad de la reforma notarial.

Cuando el TC tuvo que hacer el control preventivo, visó las normas de dicha ley. Esa vez los notarios enviaron un téngase presente alegando los vicios de inconstitucionalidad de una norma que consideran edadista y por lo tanto una discriminación arbitraria solo por razones de edad. Pero esa vez el TC no los tomó en cuenta y dio luz verde a la reforma.

Sin embargo, la norma que jubila a los mayores de 75 años no estaba rotulada con rango orgánico constitucional, por lo que en realidad respecto de ella solo hay una presunción de constitucionalidad, pero no una certeza de constitucionalidad ya que no hubo pronunciamiento específico sobre ella.

De hecho desde el lado del requirente se defiende su acción ante el TC, sobre todo por el que, dicen, es el componente público y las implicancias que podría tener, por ejemplo, en otras situaciones o leyes que afecten a otro tipo de funcionarios públicos.

En esta batalla Maldonado no está solo. El exministro García lleva los casos de otros notarios y conservadores que, alegando estar en condiciones aptas de salud, defienden su derecho a seguir trabajando.

Ese es el caso de la notaria de Melipilla Rosemarie Mery (76). En su caso la jueza civil donde se ventiló su demanda no ofició al TC, por lo que el requerimiento fue ingresado por García. En ese libelo sí se invocaron las normas de la reforma notarial y en su caso también pidió la suspensión provisional del “acto reclamado”.

Lo mismo ocurre con el conservador de Pozo Almonte Enso González (80). En su caso el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte declaró inadmisible su demanda por Ley Zamudio, pero González construyó su gestión pendiente con una apelación que se ventila en la Corte de Apelaciones de Iquique. Aquí también se pidió la suspensión provisional del “acto reclamado”.

Dado el camino que se abrió con Maldonado, Mery y González, el exministro García ha recurrido con más casos. Así por ejemplo replicó el mismo requerimiento con las notarias Linda Bosch y Lidia Chahuán.

En los próximos días estará por verse si el TC da vista preferente al caso y si García logrará llegar al fondo de los requerimientos, es decir, el debate sobre si la norma que jubila a los mayores de 75 años corresponde o no a una discriminación arbitraria.