La mañana de este jueves, la Fiscalía Metropolitana Sur y el OS-9 de Carabineros desarrollaron una serie de diligencias en las oficinas de la Autopista Central en Las Condes.

“La diligencia en términos generales tiene que ver con la incautación de contratos y también con correos electrónicos que están vinculados a la investigación que se está llevando a cabo con la Fiscalía”, explicó el fiscal Christian Toledo, de la Fiscalía Metropolitana Sur.

Esta acción se enmarca en la investigación del caso de fraude por multas del TAG en La Granja. El Ministerio Público le imputa hasta el momento a ocho exfuncionarios del Juzgado de Policía Local de esa comuna los delitos de falsificación de instrumento público y cohecho.

Según la investigación, los delitos antes señalados habrían ocurrido entre los años 2019 y 2020. El modus operandi era el siguiente: estos sujetos eran designados como receptores para notificar a las personas multadas. Sin embargo, decían que estaban el mismo día y a la misma hora en distintas comunas de la Región Metropolitana.

“Decían que estaban notificando a una persona en la comuna de San Bernardo a las 9 de la mañana y decían que estaban en Colina también a la misma hora, cosa que obviamente no era posible. ¿Y qué implica eso? Que estas personas reciben por cada una de las notificaciones una remuneración adicional a su sueldo, que en promedio eran 30 mil pesos y a veces efectuaban 10, 20 o 30 notificaciones, lo que implicaba un alto ingreso para estas personas", detalló Toledo.

Siendo una situación que se conoció hacia finales de 2020, cuando el en ese entonces nuevo juez de Policía Local de La Granja, Felipe Ahumada, notó centenares de notificaciones irregulares, finalmente este 2026 la Fiscalía logró formalizar cargos contra ocho exfuncionarios.

En la audiencia de formalización desarrollada el pasado 16 de septiembre seis de ellos quedaron en prisión preventiva, incluyendo al exsecretario del tribunal Eduardo Moya Zamorano y el abogado Ricardo Matthews Ramírez, y otras dos personas con cautelares de menor intensidad.

Se establecieron 120 días para la investigación en aquella audiencia. Por otro lado, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó esta jornada la máxima cautelar impuesta a seis de estas personas la semana anterior.