La megarreforma y la reforma y el proyecto de reforma al mercado de capitales han tenido, en general, buena acogida en el mundo de los gremios empresariales. Bernardo Larraín Matte es de los empresarios que también ha apoyado estas iniciativas, pero que no son suficientes para empujar las inversiones.

El presidente de Empresas CMPC advirtió que el país no ha podido avanzar en una institiucionalidad medioambiental que permita dar plazos más cortos y certeros para los proyectos y, por ende, dar un horizonte de inversiones más allá de los vaivenes de la política.

“Sobre todo en el tema de permisos, no hay una gran reforma. No la hay. Eso es un hecho objetivo”, dijo el empresario en conversación con el programa Money Talks, de La Tercera.

Y aunque destacó el avance que supone la invariabilidad tributaria aprobada en el Proyecto de reconstrucción nacional, dijo que artículo “principal” se cayó luego que el TC declaró inconstitucional la norma que obligaba al Fisco a indemnizar a los titulares de proyectos en caso de que su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fuera anulada por los tribunales de justicia.

Larraín Matte acusó que existe demasiada complejidad en el sistema de aprobación de los proyectos, “rendijas por donde se cuela la judicialización” y que termina frenando o definitivamente inhibiendo las iniciativas.

“Cada vez que te piden dos mil observaciones, bueno, hay dos mil posibles causas para judicializar”, acusó el presidente de La Papelera.

En ese contexto, recordó que Arauco, la filial forestal de Empresas Copec y competidor de CMPC, tardará solo 18 meses en echar a andar su proyecto en Brasil (Sucuriú, de US$ 4.600 millones).

“En Chile, el mismo Arauco hizo un proyecto similar cinco o siete años atrás que se llama MAPA que le tomó siete años. Eso es una demostración de que efectivamente el sistema brasilero tiene los estándares ambientales son iguales o superiores pero ofrecen un plazo mucho más cierto”, afirmó.

Para probar su punto de que una reforma al sistema de permisos ambientales es necesaria para dar certezas más allá del gobierno de turno, Larraín Matte dijo que el proyecto minero El Abra, de Freeport y Codelco, ya tuvo 2.000 observaciones sin ninguna priorización o jerarquización en esos requerimientos.

“Entonces, uno dice, bueno, pasó eso en este gobierno, con esta administración, con estos Seremi y con este sistema de evaluación de impacto ambiental; y le llegan 2.000 observaciones, que requieren de seis meses para responderlas...Y no solo le dicen ‘respóndame estas preguntas’. Le dicen: ‘como yo le hice una serie de preguntas y usted me tiene que responder, pero no sé la respuesta, lo segundo que le pido es que una vez que tenga la respuesta, rehaga el proyecto”, se quejó el empresario.

Responder solo las preguntas, dijo, requiere estudios, asesores, enfatizando que esos seis meses de espera se producen en momentos de debilidad de la economía y en “plena crisis” de empleo.

Además de ese proyecto minero de US$ 7.500 millones, el expresidente de la Sofofa recordó lo que pasó con el proyecto Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (Chile) – Río Diamante (Argentina), una iniciativa eléctrica binacional de US$36 millones y que tuvo repercusión internacional cuando el actor, Leonardo Di Caprio, advirtiera riesgo de destrucción de hábitat de ranita del Pehuenche.

“El servicio de evaluación ambiental hace un informe favorable recomendando la aprobación del proyecto y ¿qué ocurre? Llega al Consejo de Evaluación Regional compuesto por Seremis nombrados por el mismo gobierno y lo rechazan y luego se sorprenden los mismos ministros que decían ‘no, si estaba todo 100% aceitado’”, relató.

Y como tercer ejemplo para probar su punto es lo que pasó con la cárcel de Copiapó, que se frenó por el riesgo para una especie de lagartija y cactus de la zona. “No estoy diciendo que haya que cargarse por así decirlo a un lagartija y los cactus pero ¿no es razonable que esas cosas se puedan gestionar durante la operación?”, cuestionó.

La oportunidad que tiene Chile con la energía

Larraín Matte dijo que la forma de gestionar los permisos no va de acuerdo con los tiempos del mercado y advirtió sobre la oportunidad que tiene Chile para atraer inversiones para soportar el boom de la inteligencia artificial. Específicamente, el empresario apuntó al potencial de energía que tiene Chile para asegurar las operación de grandes data centers.

“Cuando uno habla con Google, con todas las empresas que están desarrollando estos data centers, dice ‘mire, para poder hacer elegible a Chile como lugar para hacer data centers, requiero tres años; entre cero (desde que se ingresa) y (el inicio de la) operación, incluido los permisos, incluido todo”, afirmó.

En vista de cómo funciona la institucionalidad ambiental y el sistema de permisos, Larraín Matte afirmó que un proyecto así no podría ejecutarse en el país. “Entonces, Chile es imposible que lo ofrezca tres años desde cero hasta entrar en operación del data center. Es imposible”, afirmó.

En tal sentido, dijo que una reducción de los plazos en un 30% para aprobar los proyectos es “totalmente insuficiente” si el objetivo es hacer competitito al país para atraer este tipo de inversiones.