Tras más de tres años de tramitación, el proyecto que detalla las normas generales sobre uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las fuerzas armadas queda a un paso de poder ser despachado a ley.

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó por 111 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones el informe emanado de la comisión mixta sobre esta iniciativa.

Con esto, solo resta una eventual aprobación en el Senado para que la iniciativa pueda ser despachada a ley.

Durante la discusión, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó a la Cámara de Diputados.

“Solicitamos a esta honorable sala aprobar el informe de la Comisión Mixta para dar certezas, para reforzar la acción policial y para que quienes están dispuestos a arriesgar su vida por los demás sepan que antes de enfrentar el peligro, Chile lo respalda”, señaló.

Discusión parlamentaria

El informe de la comisión mixta fue rechazado desde el Frente Amplio y el Partido Comunista.

En particular, criticaron que se amplíen las posibilidades para el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.

“Nadie está diciendo que un funcionario deba quedar desprotegido, pero lo que no puede pasar es que diseñemos una ley que ensancha la fuerza y estrecha la responsabilidad”, argumentó para su rechazo la diputada Lorena Fries (FA).

“El estándar internacional establece un límite claro, la intensidad de la fuerza del Estado debe corresponder a la gravedad de la amenaza. Para usar un arma de fuego contra una persona debe existir una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y los medios menos extremos deben resultar insuficientes. Si esa amenaza existe, la legítima defensa de los agentes del Estado ya está protegida. Lo que no corresponde es rebajar umbral y abrir la puerta a la fuerza potencialmente letal cuando la vida de nadie está en peligro”, señaló por su parte Marcos Barraza (PC).tr

Mientras tanto, en el oficialismo se respaldó lo detallado en el informe la comisión mixta.

“Es un buen proyecto de ley porque por fin eleva el rango de la norma que regula el uso de la fuerza por parte de nuestras policías y militares, lo que estamos convencidos, permitirá darle más certeza a nuestros uniformados y resguardarlos mejor ante la persecución de los tribunales. Este proyecto de ley es, además, un complemento adecuado a la Ley Nain-Retamal”, señaló el diputado Luis Fernando Sánchez (Rep).

Para el parlamentario Luis Pardo (RN), el proyecto de ley “no da manga ancha para el uso de la fuerza como se insinúa en alguna de las intervenciones, pero da reglas claras y certeza jurídica para que nuestras fuerzas de orden y seguridad y para que nuestras fuerzas militares, cuando el país lo requiera y en el marco de la Constitución y la ley se les pida resguardar bienes públicos, el orden público, infraestructura crítica, recintos militares y la vida de nuestros conciudadanos, puedan hacerlo con la plena tranquilidad de no ser posteriormente sometidos a persecución”.

Las modificaciones realizadas en la comisión mixta

La iniciativa se encontraba en comisión mixta desde el pasado 12 de mayo de 2025, cuando se rechazaron al menos 10 puntos de la iniciativa.

Así las cosas, se realizaron una serie de modificaciones en aquella instancia. Se eliminó el artículo referido a la prohibición de ejercer la tortura al remarcarse que el tema ya se encuentra regulado por tratados internacionales ratificados por Chile.

Mismo destino que sufrió el referido al resguardo de niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión, se argumentó su eliminación en el hecho que esta protección ya se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico.

También se eliminó el artículo referido a la opción de ejercer labores de vigilancia pasiva, al señalarse que el tema ya se encuentra regulado en otras normas, y el artículo 11 sobre la dictación de reglamentos por los Ministerios del Interior y de Seguridad Pública.

Uno de los principales apuntes en la comisión mixta fue respecto a la utilización de fuerza potencialmente letal. Finalmente se aprobó con el siguiente texto propuesto por el Ejecutivo: “El uso de la fuerza potencialmente letal constituye una medida que procede solo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en los grado previos y justificada en caso de cumplimiento del deber, legítima, defensa, cumplimiento de una orden judicial, con el objeto de detener a una persona que oponga resistencia a la autoridad, para impedir su fuga o para la protección de infraestructura crítica cuando exista peligro grave de verse afectada”.

También se modificó el artículo 6, que regulaba las obligaciones a cumplir por el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las instituciones castrenses.

Mientras tanto, el Ejecutivo, para alcanzar acuerdos entre ambas cámaras, también propuso eliminar el artículo 13, que prohibía el empleo de la fuerza por parte de las policías hacia las personas arrestadas o detenidas.

Y finalmente, se aprobó establecer la utilización de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad en ocho situaciones específicas.