Poco más de una hora tuvo de duración la última sesión de la comisión mixta encargada de resolver las divergencias entra la Cámara y el Senado sobre el proyecto que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad.

La iniciativa fue ingresada en un mensaje del expresidente Gabriel Boric en abril de 2023 y estuvo alojada en la mixta durante un año y cuatro meses.

A la norma que visada el martes, relativa al uso “potencialmente letal” por parte de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, este miércoles se sumaron la aprobación de ocho reglas que especifican las reglas.

La número es el “despliegue de fuerzas, vehículos, naves o aeronaves, dispositivos u otros medios institucionales y porte de armas, en forma disuasiva”

“Actuación mediante técnicas de comunicación y uso de medios de persuasión verbal, tales como el diálogo, mediación y negociación”, es la número 2.

La tercera es el “empleo manual de elementos disuasivos u otros menos letales, tales como humo, gas pimienta, lacrimógenos, sonido, luz, agua y bastones”.

La cuarta se refiere a la “utilización de dispositivos o sistemas que no constituyan armamento letal, destinados al lanzamiento de proyectiles que contengan pintura, gas pimienta, lacrimógenos, agua u otros menos letales”.

La número 5 es el uso de la fuerza “para el control físico, reducción del transgresor para doblegar su resistencia, inmovilizarlo, esposarlo o aplicar otro medio de inmovilización. Una vez reducido e inmovilizado y sin oponer resistencia, se prohíbe ejercer fuerza en su contra. Se permite, al efecto, el empleo de esposas o elementos similares”.

La regla 6 establece que “el personal militar podrá emplear munición de salva de forma disuasiva”.

La número 7 es el “uso de escopetas con munición antidisturbios, sólo para evitar o repeler un peligro grave e inminente de la vida o la integridad física de terceros o del personal policial o militar”.

Por último, la regla 8 fija que el “uso de armamento letal, sólo contra personas que utilicen o se apresten a utilizar armas letales u otro medio que ponga en peligro la vida del personal policial o militar, o de terceros, o pueda causar afectaciones de consideración a la integridad física, especialmente si mantuvieren el arma en su poder”.

Junto con ello, la mixta visó un artículo relativo a la justicia militar.

“No serán civilmente responsables los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas que, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones previstas en la presente ley, hayan causado daños o la destrucción de una cosa, siempre y cuando no se haya obrado con dolor directo, sin perjuicio de la eventual responsabilidad del Estado”, dice la norma.

Finalizada la votación, el ministro de Seguridad, Martín Arrau (republicano) agradeció el trabajo de la mixta y al de su presidente, el senador Karim Bianchi (ind.), apelando a que durante un año y medio el proyecto estuvo alojado en esta instancia.

“Le damos un ordenamiento y una certeza al uso de la fuerza, a nuestras fuerzas de orden y seguridad, que van a la calle a enfrentar a los delincuentes, justo además de una semana crítica de enfrentamiento en nuestras calles. Y es por eso que esto cobra un doble sentido”, valoró el ministro.

En ese sentido, Arrau explicó que con esta iniciativa “lo que estamos haciendo es reemplazar una dispersión de normas, que muchas veces son interpretadas de diferentes maneras en caso de contingencias, por un marco jurídico robusto, una ley que da un ordenamiento de cómo se va ir usando la fuerza en diferentes situaciones. Esa es la importancia”.

Culminado este trámite, ahora resta que ambas ramas del Congreso aprueben lo visado por la mixta.

Al ser la Cámara de Diputados la corporación de origen, la corresponde en primer lugar recibir el proyecto.

Preliminarmente, y bajo reserva, en la comisión mixta se conversaba que una opción es que voten estas normas el miércoles de la próxima semana. Y en esa misma jornada, pero en la tarde, que el Senado haga lo propio.

Consultado el ministro Arrau por la intención del Ejecutivo sobre los plazos, aseguró: “Conversaremos con la institución para que sea lo antes posible. Nos interesa que esta norma tenga efecto en la calle lo antes posible”.