Se trata de la segunda iniciativa de transmisión eléctrica más relevante del país, la cual contempla una inversión de US$ 324 millones, luego de seis años de tramitación ambiental.

Hoy, pese al tiempo invertido y a la participación de diversos organismos públicos, el proyecto enfrenta duros cuestionamientos en el Segundo Tribunal Ambiental.

El pasado 30 de septiembre, diversas asociaciones indígenas, organizaciones vecinales y personas naturales, la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata y la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (AMRBB) ingresaron cinco reclamaciones en contra de la resolución del Comité de Ministros del 17 de agosto de 2026 que rechazó las solicitudes de invalidación del permiso ambiental del proyecto.

Los reclamantes argumentaron que el Comité de Ministros incurrió en “graves ilegalidades” al revertir el rechazo original del proyecto dictado en 2024. En concreto, acusan que la autoridad se “extralimitó en sus competencias” al evaluar y aprobar nuevos antecedentes técnicos ingresados por la empresa fuera de plazo y sin someterlos a participación ciudadana, ignorando deficiencias críticas en la línea de base y ocultando los verdaderos impactos sobre la biodiversidad, áreas protegidas y comunidades indígenas del territorio afectado.

En su presentación, el Club de Adulto Mayor Nuevos Horizontes del Río Maule, la Agrupación Femenina Las Socias de Toconey, la Asociación Indígena Koñintu Lafken Mapu y la Asociación Indígena Nonken Libko Lelfün denunciaron que en la consulta indígena del proyecto se omitió la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT, lo cual constituye un “vicio insubsanable”, ya que la autoridad excluyó arbitrariamente a las comunidades mediante un sesgo de “distancia métrica”, negando el uso consuetudinario del territorio, la recolección de lawen y la alteración directa de sitios de alta significación cultural y ceremonial (Menokos, Rewe y Chemamüll).

Por su parte, la Asociación de Municipalidades Valle del Itata que reúne a Coelemu, Trehuaco, Cobquecura y Quirihue, acusó la falta de antecedentes para descartar que el proyecto provoque efectos sobre la flora, fauna, salud y patrimonio.

En tanto, la Asociación Municipalidades de la Región del Biobío (AMRBB) descartó que el trazado eléctrico, a través de sus caminos y fajas de seguridad, actúe como un cortafuegos efectivo frente a incendios.

Descargos

Mataquito Transmisora de Energía (MATE) explicó a Pulso que “el proyecto avanza de acuerdo con su cronograma, con un importante nivel de avance en las obras de las subestaciones Nueva Nirivilo y Mataquito y en la línea de transmisión 2x220 kV Itahue–Mataquito, infraestructura que permitirá reforzar el sistema de transmisión y mejorar el suministro eléctrico, especialmente en la zona costera del Maule. Esperamos completar esta etapa durante el primer trimestre de 2027, mientras que la etapa final está prevista para el primer trimestre de 2030″.

La empresa añadió que “la aprobación ambiental de este proyecto contempló una serie de obligaciones y condiciones establecidas por el Comité de Ministros. En ese sentido, durante la ejecución de las obras, la empresa ha actuado respetando la institucionalidad ambiental y dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). En ese mismo marco, las consultas de pertinencia buscan contar con el pronunciamiento de la autoridad respecto de aspectos específicos de su ejecución, conforme a la RCA y a la normativa ambiental vigente”.

Frente a las reclamaciones ingresadas al Tribunal Ambiental de Santiago en contra del permiso ambiental del proyecto, MATE sostuvo que: “Respetamos el derecho de las distintas partes a recurrir a las instancias que establece la institucionalidad. Sin embargo, no nos corresponde pronunciarnos sobre materias que actualmente se encuentran en sede judicial”.

Tercer ajuste

En paralelo, el pasado 1 de octubre, Mataquito Transmisora de Energía (MATE) presentó una nueva consulta de pertinencia ante la Dirección Ejecutiva del SEA (Servico de Evaluación Ambiental) que encabeza el abogado Arturo Farías, nombrado bajo la actual administración de José Antonio Kast.

El proyecto cuenta con su aprobación ambiental definitiva desde octubre de 2025. Posterior a ello, ingresó dos consultas de pertinencia (en febrero y septiembre de 2026) para realizar ajustes menores, determinando el SEA, en ambos casos, que no requerían ingresar a una nueva evaluación.

En términos globales, las obras implicarán el cambio de ubicación de 125 estructuras, la incorporación de 23 nuevas torres y la eliminación de 7, lo que genera un incremento neto de 16 estructuras operativas.

De acuerdo a la presentación, estos cambios propuestos aumentan la extensión total de la línea a 406,33 kilómetros, la superficie total de intervención efectiva del proyecto se reduce a 1.908,10 hectáreas y se optimiza la red de caminos de acceso. Originalmente las obras del proyecto sumaban 1927,47 hectáreas aproximadamente.

Los mayores cambios propuestos radican en la modificación del emplazamiento de la Subestación Nueva Cauquenes y en diversas adecuaciones al trazado de la Línea de Transmisión Eléctrica principal y sus ramales. La Subestación Nueva Cauquenes se reubicará aproximadamente a 2 kilómetros al norte de su posición originalmente aprobada, alejándose de zonas pobladas para situarse de manera contigua al trazado de la línea.