La Fiscalía de Perú ha registrado este miércoles la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito limeño de San Borja, en el marco de una investigación que señala su presunta responsabilidad en al menos cuatro delitos, por recibir pagos ilegales y favorecer a una empresa minera.

Los registros tienen lugar en vísperas de que el Tribunal Constitucional evalúe una serie de recursos presentados por Nicanor Boluarte, quien ya tuvo que pasar dos meses en prisión preventiva por un supuesto delito de tráfico de influencias, cohecho y organización criminal, en el llamado caso ‘Waykis en la Sombra’.

La Fiscalía acusa en esta ocasión al hermano de la mandataria de ilegalidades dentro de la Defensoría de la Policía, de recibir sobornos a cambio de mantener a generales en sus cargos, ocultar pruebas, y favorecer a la minera El Dorado.

Denominado ‘Ícaro’, el operativo se está llevando a cabo también en otras dependencias y domicilios de personas vinculadas a Nicanor Boluarte que ha denunciado, en palabras de su equipo legal, que está siendo víctima de un nuevo “abuso” por parte de la Fiscalía, según informa el diario peruano ‘La República’.

El abogado de Boluarte, Luis Vivanco, ha asegurado que su cliente no sólo “no tiene nada que ver con una minera”, sino que además no conoce a Santiváñez, el muy controvertido ministro de Justicia y persona cercana a la presidenta peruana.

Santiváñez fue nombrado hace apenas unos días nuevo titular de Justicia, en una designación muy controvertida, después de su papel al frente del Ministerio del Interior, del que fue expulsado tras no superar una moción de censura del Congreso.

El nuevo ministro de Justicia de Perú tiene prohibido salir del país mientras es investigado por presuntamente intentar sobornar al Tribunal Constitucional en 2021 cuando ejercía de abogado de Miguel Marcelo Salirrosas, antiguo policía con nexos con el crimen organizado, finalmente condenado y enviado a prisión en 2022.