Un juez de Estados Unidos declaró este miércoles la ilegalidad de la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permite a las autoridades de inmigración deportar migrantes a países que no sean los suyos sin notificárselo previamente ni darles la oportunidad de objetar.

“La política de deportación a terceros países (...) es ilegal”, consideró el juez de distrito de Massachusetts Brian Murphy , y dejó “sin efecto dicha política”, fallando así a favor de un grupo de extranjeros que presentaron una demanda colectiva contra el DHS.

Asimismo, el magistrado estableció que el dicho departamento, antes de proceder a una expulsión hacia una tercera nación, debe “solicitar primero la expulsión al país de expulsión designado” por el individuo en cuestión “o al país o países alternativos” que especifique, así como al territorio o territorios de ciudadanía de la persona en cuestión.

Al tiempo, los individuos que hagan frente a una expulsión a cualquier país “tienen derecho” a una “notificación significativa” previa, así como a una oportunidad para “presentar una reclamación específica por país contra la expulsión”.

La sentencia, con todo, queda “suspendida hasta quince días” a la espera de apelaciones, como se espera que presente el Departamento de Seguridad Nacional.

En un comunicado recogido por la cadena CBS, este último recordó que “el Tribunal Supremo ha emitido previamente dos suspensiones de emergencia por separado contra el juez Brian Murphy en este caso, y confiamos en que seremos reivindicados nuevamente”.

A juicio del DHS, la administración de Donald Trump “tiene la autoridad constitucional para expulsar a estos inmigrantes ilegales delincuentes y resolver esta pesadilla de seguridad nacional”, reclamando “su autoridad legal” para “expulsar a los inmigrantes ilegales a un país dispuesto a aceptarlos”.