Un 77% de los consultados por Cadem está en desacuerdo con que personas condenadas por violaciones a los derechos humanos puedan terminar de cumplir sus penas bajo reclusión domiciliaria, incluso si cumplen con criterios de edad avanzada o problemas de salud, según reveló la última encuesta Plaza Pública correspondiente a la primera semana de marzo.

El sondeo se conoce en medio del debate político generado por el proyecto de ley de conmutación de penas aprobado en general por el Senado, que propone permitir que hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 con enfermedades terminales o graves menoscabos de salud puedan cumplir el resto de sus condenas en sus domicilios.

De acuerdo con el estudio, un 83% de los encuestados declaró estar al tanto de la iniciativa legislativa.

En el mismo tenor, los resultados muestran que la oposición ciudadana aumenta significativamente cuando el eventual beneficio involucra a condenados por delitos particularmente graves.

En ese contexto, un 92% de los encuestados se manifestó en contra de que personas condenadas por violación o asesinato puedan acceder a este tipo de cumplimiento alternativo de pena.

Asimismo, un 76% rechaza que el beneficio se aplique solo por criterios de edad -hombres mayores de 70 y mujeres mayores de 65 años-, mientras que un 56% también se opone cuando se trata de internos de edad avanzada con enfermedades graves o terminales.

Proyecto en debate en el Congreso

El debate surge tras la aprobación en general en el Senado de un proyecto impulsado por el senador Francisco Chahuán (RN), que obtuvo 23 votos a favor y 22 en contra, abriendo ahora un período para presentar indicaciones y modificar su contenido hasta el 16 de marzo.

La iniciativa contempla criterios amplios para acceder al cumplimiento alternativo de penas, entre ellos la edad, enfermedades graves o condiciones de salud que dificulten la permanencia en un recinto penitenciario.

De acuerdo con estimaciones preliminares, la norma podría beneficiar inicialmente a cerca de 370 condenados por causas de derechos humanos, además de otros 365 reclusos condenados por delitos graves como homicidios, secuestros o crímenes sexuales.