Fue en noviembre del año pasado cuando la funcionaria pública de 98 años Berta Benavente fue despedida de la Municipalidad de Puente Alto, liderada por Matías Toledo, luego de casi 25 años de trabajo en la institución. Esa desvinculación tiene hoy sumido al municipio en una demanda laboral interpuesta por la mujer el pasado 5 de enero y que involucra $90 millones en disputa.

El dilema actual tiene su origen el 20 de marzo, cuando la municipalidad liderada por Toledo propuso, “con el solo ánimo de poner término al presente juicio” -según se lee en la causa- el pago de un monto de $90 millones a Benavente. Sin embargo, dicho monto, según se estableció, “será pagado una vez se encuentre debidamente aprobada la presente conciliación por el concejo municipal“.

Pero la tensión escaló, porque los abogados de la funcionaria acusan al municipio de no someter a votación del concejo dicho pago, lo que tiene a la mujer esperando la compensación. De hecho, en una comunicación del municipio al Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto afirman que “la decisión de no someter la conciliación a la aprobación del concejo municipal no constituye un acto ilícito, sino el ejercicio legítimo de facultades legales conferidas al Sr. Alcalde, considerando además que dicha decisión se funda en criterios técnicos y jurídicos, orientados al resguardo del interés municipal y del patrimonio público”.

El abogado que lidera la causa, Christian Gore -junto al jurista Simón Yévenes-, sostiene que “nos parece increíble la actitud que adoptó el alcalde de Puente Alto con una adulta mayor tan emblemática para la comuna como lo es la señora Berta Benavente, pues lo que hace es derechamente un engaño al arribar a un acuerdo reparatorio propuesto por un tribunal y, luego de ello, mandar a decirnos que no iba a cumplirlo. Yo creo que una persona de 98, que trabajó por las personas como lo hizo, no merece este trato que raya en lo inhumano”.

Desde la Municipalidad de Puente Alto, en tanto, aseguran que “no es efectivo que los abogados de la municipalidad hayan arribado a un acuerdo con los abogados de la contraparte, porque carecen de la facultad de aprobar una conciliación. La contraparte solicita $90 millones y no se ha llegado a acuerdo. En la audiencia preparatoria celebrada el 20 de marzo, el tribunal fijó un plazo de 30 días para que el municipio llevara la propuesta al concejo municipal, plazo que aún se encuentra en curso. Lo reclamado por la señora Benavente fue solicitado en el tribunal laboral y no ha sido aún resuelto”. Y cierran: “Es importante mencionar que la representación judicial de Berta Benavente está a cargo de Christian Gore, quien fue administrador municipal de la Municipalidad de Puente Alto, entre otros cargos, y ha sido objeto de investigaciones y acciones judiciales vinculadas al caso luminarias, antecedentes que son de carácter público”.

Algo de esta negativa ya había sido expresado en la contestación jurídica del municipio, en que dijeron que “es posible concluir entonces que no existe obligación legal de someter al concejo municipal una conciliación que ha sido previamente evaluada como inconveniente. Así mismo, la iniciativa para someter la materia al concejo corresponde privativamente al señor alcalde, en ejercicio de sus facultades. En consecuencia, la decisión de no someter la conciliación al concejo municipal no constituye incumplimiento, sino, como ya se ha señalado reiteradamente, el ejercicio legítimo de potestades administrativas”.

Además, Puente Alto en su respuesta dijo que el pago de $90 millones “resulta altamente perjudicial para el interés municipal”, en un contexto en que se dice que el municipio tiene problemas económicos.

De ahí que en la misma demanda los abogados de Benavente sostienen en respuesta que Puente Alto “consideró inconveniente el monto acordado y, en consecuencia, decidió unilateralmente no someter el asunto al órgano que el propio acuerdo de conciliación identificaba como competente para resolverlo”.

Quienes conocen la interna de Puente Alto dicen que Benavente estaba muy ligada al ossandonismo -del senador Manuel José Ossandón (RN)-, pues llegó durante su administración hace más de 20 años, y continuó con su sucesor, Germán Codina. Ello, añaden, hacía evidente que la mujer -que estaba bajo contrato a honorarios- fuera desvinculada, al igual que otros funcionarios ligados a la derecha.

El senador Ossandón se extiende y dice a este diario que “lo que está pasando con el municipio de Puente Alto, que se niega a pagar un acuerdo judicial por el caso de la señora Berta Benavente, es muy delicado. Estamos hablando de una mujer de 98 años, reconocida a todo nivel como una de las adultas mayores más destacadas del país, que fue despedida de manera injusta. El municipio se ganó un problema gratuito, porque ella cumplía impecablemente sus funciones y era reconocida y admirada por sus pares. Aquí no puede primar el cálculo político ni económico: tiene que primar la humanidad. La señora Berta merece respeto y por lo mismo espero que no estén esperando un desenlace de su vida debido a su avanzada edad para eludir esta responsabilidad, porque eso sería profundamente lamentable”.

En abril del 2024 la revista Paula daba cuenta de las labores en el municipio trabajando en ayuda de los adultos mayores. De hecho fue seleccionada el 2023 como una de las 100 líderes mayores por su labor comunitaria.