El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), oficializó la incorporación del municipio a la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de la exalcaldesa Cathy Barriga, en el marco de la investigación por una serie de presuntos delitos de corrupción cometidos durante su administración entre 2016 y 2021.

A través de sus asesores jurídicos, comandados por José Pedro Silva, del estudio BACS, el municipio respaldó los cargos formulados por la Fiscalía y solicitó una pena de 23 años de cárcel para la exautoridad comunal.

El escrito fue ingresado ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago y adhiere a la acusación fiscal por cuatro grupos de hechos, que incluyen delitos de fraude al Fisco, falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y financiamiento personal con recursos municipales.

Según la presentación judicial, uno de los principales ejes de la causa apunta a la sobreejecución fraudulenta del presupuesto municipal, mediante la manipulación de certificados de disponibilidad presupuestaria, la ocultación de deudas y la alteración de registros contables.

Estas maniobras, según apunta el municipio, habrían permitido generar gastos sin respaldo financiero y encubrir un déficit que supera los $ 32.500 millones.

Otro de los focos de la investigación se refiere a la falsificación de documentos públicos en al menos once oportunidades, además de la compra irregular de collares de cristal Swarovski, adquiridos por trato directo con fondos municipales y destinados a actividades ajenas a los fines institucionales.

Uso de recursos públicos

La acusación también imputa a Barriga el uso de recursos municipales para fines personales, particularmente en el marco del programa “Fuerza de Mujer”, marca que habría sido inscrita a su nombre y promovida con financiamiento público.

Según estableció el Ministerio Público, los fondos del municipio fueron utilizados para fortalecer su imagen personal y posicionar dicha iniciativa.

A ello se suma el pago de servicios privados con recursos públicos, como la contratación de una cuidadora para su hijo y el financiamiento de asesorías legales vinculadas a causas personales, lo que configuraría delitos de malversación y negociación incompatible.

En paralelo, la Municipalidad de Maipú presentó una acusación particular por un quinto grupo de hechos, referido al pago indebido de remuneraciones a una funcionaria contratada sin cumplir los requisitos profesionales. De acuerdo con la investigación, la trabajadora habría percibido sueldos durante casi cuatro años pese a tener un extenso período con licencias médicas.

Daño patrimonial y acción civil

Además de la arista penal, el alcalde Vodanovic interpuso una demanda civil de indemnización de perjuicios contra Barriga y otros exfuncionarios, con el objetivo de recuperar los montos que, según sostiene, fueron desviados o utilizados irregularmente durante su gestión.

En la causa también participa el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que actúa como querellante en representación del Fisco, reforzando la ofensiva judicial por los perjuicios ocasionados al patrimonio público.

La investigación se inició a partir de auditorías de la Contraloría y denuncias internas que detectaron graves irregularidades financieras, administrativas y contractuales. En el marco de este proceso, varios excolaboradores de Barriga ya han sido condenados en procedimientos abreviados.

Actualmente, la causa se encuentra en etapa de preparación de juicio oral. En esa instancia, la Fiscalía, el municipio y el CDE, institución que pide 37 años de cárcel, buscarán acreditar la existencia de un esquema sistemático de uso indebido de recursos públicos y obtener penas de cárcel efectiva, además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

Desde la defensa de Barriga, en tanto, han reiterado que los hechos serán aclarados en el juicio y han cuestionado la interpretación de los persecutores.