Cámara aprueba institucionalizar el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia
La iniciativa legislativa busca garantizar la continuidad de la búsqueda de personas desaparecidas por la dictadura y fortalecer el deber del Estado de garantizar el reparo a las víctimas independiente del gobierno de turno.
La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, tras una votación que alcanzó 79 votos a favor, 41 en contra y 16 abstenciones. Con esto la iniciativa fue despachada a segundo trámite constitucional.
El proyecto tiene como objetivo convertir este programa público en una política permanente, con el fin de que los recursos y personal asignados mantengan su estabilidad, independiente al gobierno de turno. De ser aprobado, este quedaría a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Asimismo, la subsecretaría deberá elaborar anualmente un informe que aborde los resultados del plan, considerando las metas y objetivos que integre. Por otro lado, la idea contempla la creación de un comité de Seguimiento y Participación, conformado por 13 miembros, quienes estarán a cargo de asesorar y formular los reparos necesarios al Plan Nacional de Búsqueda durante cuatro años.
Cabe destacar que en diciembre del año pasado, el Presidente Gabriel Boric y autoridades de Derechos Humanos entregaron el primer informe bienal, donde se detalló el avance de acciones de búsqueda, participación de familiares y medidas orientadas a la verdad y reparación.
Entre las acciones presentadas se incluye una nómina única de víctimas de desaparición forzada y un mapa georreferenciado de trayectorias. Además se realizaron 157 diligencias en terreno y crearon el Archivo Nacional de la Memoria.
El plan fue creado como un instrumento del Estado destinado a avanzar en la búsqueda, identificación y restitución de las personas víctimas de desaparición forzada durante el periodo concentrado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Además, busca garantizar el derecho de sus familias y de la sociedad a conocer la verdad, promover la justicia, la memoria y evitar la repetición de los crímenes realizados durante el periodo.
El proyecto avanzó a segundo trámite constitucional en el Senado.
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