Facilitar la adquisición de terrenos para la construcción de viviendas sociales, permitiendo que estos puedan ubicarse en comunas distintas a aquellas donde se concentra la demanda habitacional, siempre que pertenezcan a la misma región.

Ese es el foco del proyecto de ley que fue aprobado este lunes por la Sala de la Cámara de Diputados y despachado al Senado.

La iniciativa, impulsada por el diputado Marcos Ilabaca (PS), obtuvo un amplio respaldo transversal con 132 votos a favor, ningún voto en contra y tres abstenciones, y ahora iniciará su segundo trámite constitucional en el Senado.

El objetivo de la propuesta es ampliar las alternativas para desarrollar proyectos habitacionales destinados principalmente al 40% más vulnerable de la población y a territorios con altos niveles de déficit habitacional, frente a la creciente escasez de terrenos aptos en las comunas con mayor demanda.

Busca superar una limitación de la legislación vigente

Actualmente, la normativa establece que los recursos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda solo pueden destinarse a estudios preliminares y a la compra de terrenos ubicados en las comunas o intercomunas donde existe una alta demanda por viviendas sociales o un elevado déficit habitacional.

Sin embargo, esa restricción ha dificultado el desarrollo de nuevos proyectos debido a la falta de suelo disponible en esos sectores.

Para enfrentar ese problema, el proyecto modifica la Ley N° 21.450 sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y Plan de Emergencia Habitacional, permitiendo que tanto los estudios como la adquisición de terrenos puedan realizarse en cualquier comuna de la misma región, aunque no corresponda al lugar donde se origina la demanda.

Con ello, se busca entregar mayor flexibilidad a los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización (Serviu) y a los comités habitacionales para acceder a terrenos que permitan concretar proyectos que hoy no pueden desarrollarse por falta de disponibilidad.

Apoyo transversal y llamado a agilizar soluciones

Durante la discusión en la Sala, la mayoría de los parlamentarios respaldó la iniciativa, destacando que representa una herramienta para acelerar la ejecución de proyectos habitacionales y responder a miles de familias que llevan años esperando acceder a una vivienda definitiva.

Los diputados que apoyaron el proyecto señalaron que la modificación contribuye a desburocratizar los procesos de adquisición de terrenos, sin alterar las exigencias de fiscalización ni los estándares técnicos que deben cumplir las futuras viviendas sociales.

Asimismo, remarcaron que la medida permitirá mejorar la planificación urbana y optimizar el uso del suelo disponible dentro de cada región.

Pese al amplio respaldo, durante el debate algunos legisladores manifestaron inquietud por las consecuencias que podría generar el traslado de familias hacia comunas distintas de aquellas donde actualmente residen.

Entre las principales observaciones planteadas figuró el riesgo de provocar desarraigo territorial, alejar a las familias de sus redes de apoyo o concentrar nuevamente a los sectores más vulnerables en zonas periféricas.

También se hizo un llamado a garantizar que los futuros proyectos cuenten con acceso adecuado a servicios básicos, establecimientos educacionales, centros de salud, transporte público y conectividad, evitando reproducir problemas de segregación urbana.

Con el propósito de responder a esas inquietudes, algunos parlamentarios intentaron reincorporar una indicación que establecía que, cuando la compra de terrenos se realizara en una comuna distinta de aquella donde se origina la demanda habitacional, fuera obligatorio contar previamente con el acuerdo del comité habitacional beneficiario o, en su caso, del particular involucrado.

No obstante, la mesa de la Cámara declaró la propuesta constitucionalmente inadmisible, criterio que fue respaldado por la Sala, por lo que la enmienda fue descartada y el proyecto mantuvo el texto aprobado previamente por la Comisión de Vivienda.

De este modo, la iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado, donde deberá ser analizada en segundo trámite constitucional antes de convertirse en ley.