“Desde el año 2023 y hasta la fecha, los imputados integran una asociación ilícita estable y permanente en el tiempo, con distribución de roles y funciones precisas, cuya finalidad común es la realización de actividades de cultivo, distribución y comercialización, para el posterior tráfico de drogas a través de la venta masiva no autorizada e indiscriminada de especies del género cannabis y sus derivados, suministrándolos a terceros bajo la fachada de dispensar cannabis con fines terapéuticos a usuarios de una corporación sin fines de lucro”.

Con esas palabras el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, y la fiscal María Inés Núñez comenzaron ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de 44 sujetos imputados bajo el denominado caso Imperio Ámsterdam, entre ellos el chico reality Camilo Huerta y los empresarios Andrés Astorga y Gino Athens.

Como se detalló durante la jornada, en base a diligencias que se iniciaron en agosto de 2024 en Coyhaique, se pudo establecer que los implicados forman parte de una organización criminal que operaba a través de diversas estructuras societarias y personas jurídicas a fin de dar una apariencia de legalidad, entre las cuales destacan la Corporación de Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional y las sociedades DN Medcorp SpA y el grupo MA Botanics.

En base a una estructura definida y labores asignadas, como destacaron los persecutores, los imputados crearon una red que logró abarcar toda la cadena de producción de cannabis. La siembra, el cultivo, la plantación, la cosecha, el transporte, adquisición, transferencia, para así suministrar droga a terceros, “logrando su comercialización masiva y descontrolada”, como se enfatizó.

Y es que como pudieron dar cuenta las pesquisas, donde incluso intervinieron agentes reveladores de la policía uniformada, la organización no sólo se preocupó de obtener la droga y de ponerla a la venta, sino que pusieron a disposición un sistema en que socios se inscriben y tenían acceso a doctores que les prescriben de manera expedita e irregular distintos productos con altas concentraciones de THC, alejándose totalmente de la norma.

Durante la audiencia, la Fiscalía entregó detalles de la organización, desglosando cómo estaba integrada, qué función cumplía cada integrante y en qué fase operaban. Por una parte estaban los directivos, luego los encargados de producción y abastecimiento, y más abajo los responsables de la comercialización y distribución de la droga.

Considerando que la mayor parte de las detenciones se ejecutaron la jornada del 13 de agosto, este miércoles se discutieron sólo las medidas cautelares de quienes quedarían con restricciones menos intensas. O sea de 19 de los 44 imputados.

Así, se definió que Camilo Huerta, Juan Pablo Cox, Daniel Ortega, Hansi Besoain, Karen Athens, Valeska Frías, Vicente Rebolledo, Carla Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández quedasen sujetos a arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Cristián Villegas, Ignacio Toledo, Agustín Saavedra, Manuel Alambra y Almaría González quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.

Y bajo firma quincenal y arraigo nacional quedaron Vicente Ignacio Necochea, Erick Ruhl, José Miguel Fuentealba y Tania Calderón.

Para este jueves, en tanto, se proyecta que se realice la solicitud y discusión de medidas cautelares respecto del resto de los investigados, entre quienes se posicionan los principales cabecillas de la organización. Eran quienes, de acuerdo con las imputaciones, manejaban todo el negocio del tráfico.

Los productos

En medio de la audiencia, los fiscales explicitaron que, los productos ofrecidos y vendidos por esta organización a través de los dispensarios, correspondían a flores o cogollos rotulados con concentraciones expresas de THC que sobrepasan, con creces, el margen permitido por la ley y reglamentos, muy por sobre el umbral de ≤0,2% de THC, que está plasmado en la Resolución Exenta N°1554 de 2024 del Instituto de Salud Pública.

Además, vendían, cigarrillos artesanales de cannabis de uso pirolítico, gomitas comestibles con una cantidad declarada de 30 mg de THC por unidad; aceites, resinas y extractos con presencia activa de THC, esto es, productos manifiestamente psicoactivos.

Se especificó, en ese sentido, que los productos comercializados por la organización no estaban ajustados a la regulación administrativa, sino que precisamente se produce su desborde material, “ya que hay una producción y comercialización de sustancias y derivados que exceden de manera ostensible lo autorizado”, se recalcó.

La estructura, liderada por Astorga, logró establecer, de acuerdo con la imputación, 21 sucursales identificándose más de 10.000 socios activos.

Los investigadores aclararon que si bien para la venta se exigía una receta médica, la organización promovía -como indicaron- que este documento sea obtenido a través de médicos que prescriben sin mayor control, análisis o rigurosidad terapéutica, lo que se identificó como un “cumplimiento puramente formal”.

¿Nuevos imputados?

En esta etapa del proceso investigativo, como pudo conocer este medio, el Ministerio Público decidió avanzar con imputaciones sólo respecto de un primer grupo de sujetos ligados a las actividades ilícitas que se pesquisan.

Pero, según insisten las mismas fuentes consultadas, este podría ser sólo el inicio de una causa mucho más grande y donde se mantienen una serie de otros imputados respecto de los cuales aún no se ha tomado decisión de formalizar.

Entre ellos, por ejemplo, se encuentra Martín Krauss Valdés, actual pareja de la exministra vocera de gobierno Mara Sedini, que sigue siendo investigado en calidad de imputado por parte de los citados persecutores.

El empresario, como dan cuenta antecedentes contenidos en la abultada carpeta investigativa, mantenía participación en la sociedad que, para los investigadores, se sitúa como matriz de toda esta estructura: DN Medcorp SpA.

Dicha entidad, que se presentaba como una corporación sin fines de lucro destinada a facilitar el acceso medicinal del cannabis, era manejada por un triunvirato. Mientras Andrés Astorga era el líder, articulador y socio controlador, como número dos estaba Gino Athens a cargo de la cadena de mando y de la gestión administrativa y operativa. En el número tres estaba Mario Astorga, quien oficiaba como gerente general.

Krauss, en tanto, era propietario minoritario y con un rol más limitado. Compartía la propiedad del 20% de la sociedad junto a Rodrigo Buzeta, Raimundo Silva, Sebastián Risco, y Guillermo Ginesta.

Pero aunque su participación habría sido menor a la del resto de los imputados, el Ministerio Público realizó una serie de análisis a su respecto.

Entre ellas, como pudo conocer este medio, la fiscal Nuñez requirió a la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial (Infipat) el respectivo análisis patrimonial, el cual fue remitido con fecha 27 de abril de 2026.

Adicionalmente, se requirió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informar sobre acreencias y/o deudas que registren las distintas entidades bancarias sobre el mismo sujeto.

En el expediente del caso, además, se evidencia una revisión respecto de otras sociedades y/o cooperativas que Krauss Valdés integraba, para así constatar cambios que las mismas pudieron haber tenido en el tiempo en cuanto a su integración. Y se suman consultas al Servicio de Impuestos Internos en torno a su situación tributaria.

La Tercera intentó tomar contacto con Martín Krauss para conocer su postura frente a las pesquisas. Sin embargo, al cierre de esta edición, no respondió.