Un extraño movimiento se produjo en la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. A través de una resolución del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, al que tuvo acceso La Tercera, se tuvo presente la renuncia al patrocinio y poder del abogado Cristóbal Bonacic, quien hasta ahora encabezaba la estrategia jurídica de la imputada.

En el mismo documento, el tribunal dejó constancia de que Barriga ya cuenta con otros defensores penales privados con poder vigente, por lo que no se ordenó oficiar a la Defensoría Penal Pública. Ahora, no es claro que otros puedan seguir adelante con el mismo conocimiento de quien fue su defensor titular durante tantos años. Con todo, dicen fuentes consultadas, esto podría dilatar aún más la causa que ya ha estado vigente durante seis años.

La decisión se da en un momento clave del proceso penal. El caso se encuentra en su etapa intermedia, previa al juicio oral, donde se deben depurar las pruebas y fijar los términos en que se desarrollará el eventual juicio. La salida de Bonacic ocurre, además, en un contexto de alta complejidad procesal y a solo cuatro meses de la audiencia de preparación de juicio oral, fijada para el 4 de agosto.

La renuncia del abogado ocurre semanas después de que el mismo Bonacic liderara una ofensiva para postergar la preparación del juicio oral. El 9° Juzgado de Garantía acogió esa solicitud y reprogramó la audiencia para agosto, luego de que la defensa alegara no contar con acceso completo a la carpeta investigativa.

En esa oportunidad, el propio defensor sostuvo que la información entregada por la Fiscalía Oriente era parcial y de gran volumen incluyendo más de 120 mil páginas y decenas de terabytes de antecedentes lo que impedía ejercer una defensa adecuada.

El tribunal consideró atendibles esos argumentos y concedió un plazo de seis meses, lo que fue interpretado como un respiro para la estrategia de la imputada, pero también como un indicio de las dificultades que enfrentaba su equipo jurídico.

Una causa de alto impacto

Barriga enfrenta cargos por una serie de delitos de fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, en una investigación que se remonta a su gestión como alcaldesa entre 2016 y 2021. La Fiscalía Oriente solicita penas que supera los 20 años de cárcel efectiva.

Actualmente, el caso está en la antesala del juicio oral, una fase clave en que se definen las pruebas que podrán ser presentadas y se estructuran las teorías del caso de la Fiscalía, los querellantes -como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic-, y la defensa.

Lo extraño, eso sí, según quienes conocen del proceso, es que Bonacic también es abogado del exdiputado Joaquín Lavín, quien será próximamente formalizado en una arista que surgió de la causa principal que afecta a la exalcaldesa y su esposo. Ahí hasta el momento no hay movimientos, ni renuncias.

Justo cuando el tiempo comienza a correr hacia la audiencia de agosto, los intervinientes se ven impactados por esta noticia. El hecho de que ya existan otros abogados con poder vigente evita una paralización del proceso, pero instala interrogantes sobre la coordinación y continuidad de la defensa en una causa de alta complejidad técnica y volumen probatorio.

Con el reloj judicial avanzando, el reordenamiento del equipo defensor podría incidir en la preparación de una de las etapas más decisivas del caso: la antesala del juicio que definirá el futuro penal de la exalcaldesa.

Por el momento la Defensoría Penal Pública, que también podría asumir representación, toma palco. Aunque un integrante advierte a La Tercera: “De llegarnos a nosotros un caso como ese, mínimo necesitaríamos un año para estudiar una causa como esa y otorgar el derecho a defensa”.