Comisión de Seguridad aprueba en general proyecto que sanciona insultos y agresiones contra funcionarios policiales
La iniciativa fue respaldada por siete votos a favor y dos en contra, por lo que avanza su discusión legislativa.
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en general, el proyecto de ley que busca fortalecer la protección de funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), mediante el aumento de sanciones para quienes los insulten, agredan o menoscaben durante el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa, impulsada principalmente por diputados de Renovación Nacional en el marco de la denominada agenda Nain-Retamal 2.0, obtuvo siete votos a favor y dos en contra.
Así, esta jornada, luego de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast le otorgara el carácter de urgencia simple, se tramitó la moción parlamentaria. Durante la instancia legislativa, asistió el general director de Carabineros, Marcelo Araya; como también la defensora nacional de la Defensoría Penal Pública, Verónica Encina, y representantes del Ministerio Público.
El general Araya destacó que el proyecto va en línea con resguardar la función policial. “Me corresponde velar por la seguridad y funcionamiento de la institución”, sostuvo.
En esa línea, valoró la iniciativa principalmente por resguardar a las funcionarias mujeres, que reciben insultos de grueso calibre durante la función de Carabineros.
A su vez, durante su exposición, Encina planteó sus reparos con el proyecto, respecto a la redacción, interpretación de las sanciones y proporcionalidad de las mismas.
Tras la intervención de los invitados, fue el turno de los diputados integrantes de la comisión. En primera instancia abrió las intervenciones el diputado del Partido Republicano Enrique Bassaletti, quien coincidió con la defensora nacional, respecto a la definición de lo que es una “ofensa grave”.
“Yo la definiría como expresiones o actos que por su naturaleza, intensidad o concepto, tengan por objeto humillar, denostar o degradar la función policial a quien la ejerce”, planteó Bassaletti.
A su vez, desde el Partido Socialista (PS), Raúl Leiva afirmó que la principal problemática de fondo es la lucha contra el crimen organizado, y no asuntos de orden público.
“Respecto al aumento de las sanciones a ofensas o delitos contra carabineros, existen varios proyectos de ley en tramitación, incluso en segundo trámite constitucional, y si el Ejecutivo quisiera como vehículo de agilizar colocarle urgencia a esos proyectos y no iniciar desde cero la tramitación de una ley de esta naturaleza”, lanzó Leiva.
El diputado Jaime Araya (ind-PPD), quien es parte de los autores del proyecto, respaldó la iniciativa para el respaldo policial. Sin embargo, matizó que “esto que se plantea va a ser muy problemático, porque la víctima va a ser el propio funcionario policial y de ese punto de vista, quien va a suministrar los medios de prueba, serán los mismos (...) entonces falta resolver cómo será el tema probatorio”, agregó Araya, quien pidió resolver el tema de las cámaras corporales para funcionarios policiales.
“Les tengo gran respeto por carabineros, pero tengo confianza lúcida, tenemos problemas de carabineros que muchas veces provocan a las personas y tienen un actuar que no está de acuerdo a la función pública”, reforzó Araya.
Tras la votación, el diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad y autor de la iniciativa junto a la Bancada RN, valoró el respaldo transversal que obtuvo el proyecto.
“Está avanzando la ley Nain Retamal 2.0 que hemos propuesto como Renovación Nacional. Hoy día ya se aprobó en general el proyecto, la iniciativa que busca aumentar sanciones a aquellos que maltratan, agreden, insultan a Carabineros de Chile y también a funcionarios de la Policía de Investigaciones”, aseguró González.
En tanto, su par Francisco Orrego agregó que “no hay ninguna política de seguridad pública que pueda tener éxito sin policías empoderadas y respetadas, por eso es necesario que quienes han socavado por años la autoridad de Carabineros sepan que esto cambió, y que desde hoy los Carabineros no aceptarán más insultos y menoscabos en una mal entendida libertad de expresión”.
La comisión fijó plazo hasta el 6 de julio para recibir indicaciones.
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