La Contraloría Regional de Tarapacá detectó una serie de debilidades de control tras inspeccionar el Paso Fronterizo de Colchane, lugar donde evaluó las condiciones operativas, de infraestructura y los sistemas tecnológicos destinados al control de personas, mercancías, divisas y sustancias ilícitas.

La inspección de la CGR se inició a fines de septiembre de este año, con la visita en terreno de la contralora general, Dorothy Pérez, quien fue acompañada por la Contralora Regional de Tarapacá, Paula Vera; y el jefe de la División de Fiscalización, Ricardo Provoste, además de fiscalizadores de la dependencia regional.

El propósito de dicha fiscalización fue revisar el funcionamiento del Plan Frontera Segura, el Programa de Despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona y la administración de los complejos fronterizos para revisar las condiciones operativas y de infraestructura del Paso Fronterizo, entre otras materias.

Así, el Informe Final N° 669/2025 identificó numerosas debilidades que implican riesgo para la seguridad y control de la zona. Entre ella, advirtió la ausencia de unidades especializadas, ya que ni la Policía de Investigaciones (PDI) ni el Servicio Nacional de Aduanas cuentan con equipos técnicos para enfrentar delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas, conforme a la Ley N° 20.000.

También se detectó dotación de personal insuficiente, ya que el complejo opera con menos funcionarios de la PDI en Policía Internacional de los requeridos y con presencia limitada de Carabineros.

Adicionalmente, se verificó el paso irregular de personas por el denominado “Paso Ancestral” entre Pisiga (Bolivia) y Colchane (Chile). Además, se constató que la malla que delimita la frontera presenta deterioro.

Dentro de la inspección se observó que el equipo de Body Scan de la PDI, una máquina de rayos X y el incinerador del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) están inoperativos, sin gestiones para su reposición, lo que debilita los controles.

Asimismo, el único camión scanner de Aduanas revisa un promedio de 16 camiones diarios, sin un registro que respalde los criterios de selección.

Debido a lo mencionado, la Contraloría ordenó a la PDI acreditar la operatividad del Body Scan y asegurar presencia permanente de la Brigada Antinarcóticos. Igualmente, Aduanas deberá aumentar la frecuencia de fiscalización, junto fortalecer y optimizar el uso del camión scanner.

Otras de las acciones implican que el SAG deberá garantizar el funcionamiento del incinerador y mejorar procesos. Finalmente, la Delegación Presidencial deberá coordinar la reposición de equipos y reforzar infraestructura crítica.