La tarde de este lunes, la Contraloría General de la República publicó un nuevo informe de auditoría, a escasas horas de que titular del organismo, Dorothy Pérez, revelara en la cuenta pública del ente fiscalizador de 6.311 casos nuevos de funcionarios públicos que habrían vulnerado el reposo médico, al registrar trabajos e ingresos con otros empleadores durante los mismos periodos en que justificaban su ausencia laboral.

Se trata del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°21 de 2026, que puso el foco en conductas reiteradas en el uso irregular de licencias médicas en el sector público, al detectar que al menos 1.427 funcionarios ya habían sido previamente observados en otras faltas.

Reincidencias y patrones de conducta

Según el documento, 862 funcionarios ya habían sido detectados por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica, en el marco del CIC N°9, mientras que 427 fueron previamente observados por asistir a casinos durante su reposo, conforme al CIC N°15.

A estos se suman 138 casos que presentan ambas conductas, es decir, viajes y apuestas en periodo de licencia.

Estas cifras configuran un universo de 1.427 funcionarios con antecedentes reiterados, lo que, a juicio del ente contralor, evidencia un patrón de comportamiento persistente y no hechos aislados.

Percepción de ingresos

El análisis consideró 48.682 licencias médicas asociadas a estos casos, de las cuales un 72% se emitieron por Fonasa y un 28% por isapres, detectando distintas formas de percepción de ingresos mientras los funcionarios se encontraban con reposo médico.

En ese contexto, 2.538 personas recibieron remuneraciones, 3.611 percibieron honorarios y 162 registraron ambos tipos de ingresos, ya sea desde el sector público o privado.

Además, el informe reveló que 150 funcionarios obtuvieron pagos a través de plataformas digitales de servicios, realizando actividades como transporte de pasajeros, reparto de alimentos o encargos, mientras se encontraban con licencia médica.

Durante la reciente cuenta pública del organismo, la contralora general, Dorothy Pérez, subrayó la gravedad de estos hallazgos, afirmando que se detectaron casos de personas que “no podían asistir a sus funciones en municipios, servicios de salud o ministerios, pero sí desempeñaban labores en el sector privado”.

Concentración en instituciones clave

El CIC N°21 también identifica que ciertas instituciones concentran un mayor número de casos, destacando particularmente a la Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), el Servicio de Salud Concepción, la Universidad de Chile, entre otras, donde se registró una alta cantidad de funcionarios que habrían trabajado durante su periodo de reposo.

Ante estos antecedentes, la Contraloría informó que notificará a las instituciones involucradas para que inicien procedimientos disciplinarios, los que deberán ser reportados en un plazo de cinco días a través del sistema SIAD.

Asimismo, los antecedentes fueron remitidos a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a la Superintendencia de Seguridad Social, junto con el envío de información al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para la eventual determinación de responsabilidades administrativas, civiles o penales.