Durante la mañana de este martes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo una reunión con un grupo transversal de alcaldes, quienes le entregaron un documento con nueve propuestas para fortalecer el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En el texto, los alcaldes sostienen que el objetivo es fortalecer el sistema de responsabilidad penal adolescente, combinando sanciones más estrictas para los delitos violentos con medidas de prevención, detección temprana y reinserción.

En la cita participó la alcaldesa Camila Merino de Vitacura, Claudio Castro de Renca, Sebastián Sichel de Ñuñoa, Christopher White de San bernardo, Carol Bown de San Miguel, Jaime Bellolio de Providencia, Gustavo Toro de San Ramón y Karina Delfino de Quinta Normal.

Tras el encuentro el ministro sostuvo que “hemos coincidido con los alcaldes y con las alcaldesas no solamente en lo que se refiere a indicaciones relativas a las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, sino que también hemos coincidido en la importancia que tiene la reinserción”.

“No podemos trabajar solamente en el endurecimiento de la ley que afecta a los jóvenes si no nos preocupamos de la reinserción, tanto de los jóvenes como también de los niños y menores de edad”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, destacó el encuentro apuntando que “las víctimas no pueden esperar yo creo que esa es la urgencia y tenemos que reaccionar y hay dos tipos de víctimas las que sufren los delitos y hemos propuesto una serie de medidas para que nunca más queden impunes quienes cometen delitos violentos”.

“¿Cuáles son las segundas víctimas? Menores que están en abandono y que el sistema desde el principio les dice que no los va a rehabilitar y también tenemos un consenso en esto que así como tenemos una mano dura con aquellos que hacen escalamiento y reinciden sistemáticamente cometen delitos violentos hay que tener una mano generosa del Estado y tiene que tener más recursos para rehabilitar a aquellos que inician el compromiso delictual y el estado cierra los ojos y los deja en el abandono", agregó.

En tanto la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, sostuvo que “estamos contentos de haber logrado un acuerdo entre diferentes comunas del país que sufren la violencia”.

“Hoy día no tenemos que bajar la edad, tenemos que fortalecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y aquí una este acuerdo va a permitir esperamos que se acelere el cambio de la ley y que Chile esté más seguro y que nuestros adolescentes también estén mejor porque van a tener una oportunidad real de rehabilitación”, añadió.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, destacó la “transversalidad” de alcaldes tras la propuesta, apuntando que “es importante destacar cuando alcaldes y alcaldesas de distinta diversidad política de también diversidad nuestras comunas nos ponemos de acuerdo en temas tan importantes como este”.

Asimismo, el alcalde de Renca, Claudio Castro, también valoró la transversalidad del acuerdo, mencionando que “entendemos, tal como se ha dicho acá, que es muy importante que el Estado y las instituciones puedan reaccionar para hacer efectivas las penas que corresponden a esos casos, pero también con un foco en la reinserción”.

“Creemos que el régimen abierto no está garantizando que los jóvenes no vuelvan a reincidir y por lo tanto el régimen cerrado debe ser revisado en profundidad y mejorado con foco en reinserción”, añadió, enfatizando que los “delitos violentos deben tener penas acordes y que deben ser ejecutadas como corresponde”.

Propuestas presentadas por los alcaldes

En el documento presentado por los alcaldes, se pide endurecer las sanciones por delitos violentos, apuntando que quienes cometan portonazos, encerronas o turbazos, deben cumplir penas en régimen cerrado.

A su vez, piden aumentar las sanciones a reincidentes, apuntando a un escalamiento progresivo de las penas.

De igual forma, solicitan una reforma al régimen cerrado, rediseñando los centros de internación y creando unidades más pequeñas.

En este aspecto, llaman a incorporar equipos interdisciplinarios estables y fortalecer el tratamiento de salud mental y drogas. A la vez que solicitan hacer obligatoria la escolaridad y formación laboral.

A su vez, plantean que todo adolescente debe contar con un plan de reinserción, con un acompañamiento el cual debería comenzar antes del término de la condena y extenderse por un periodo de al menos 24 meses.

Otra de las propuestas apunta a dar una mayor participación de las víctimas en la ejecución de las condenas, señalando que estos deberían ser informados o escuchados antes de modificar el cumplimiento de una condena.

También plantean mejorar la supervisión del cumplimiento de las condenas, reforzando el seguimiento de las sanciones, especialmente de aquellas que se cumplen en libertad. De igual forma apuntan a facultar al Ministerio Público para solicitar revisión de condenas ante incumplimientos graves.

Los alcaldes además proponen la creación de un sistema nacional de alerta temprana, que permita detectar tempranamente adolescentes en riesgo.

“El Estado tiene hoy la información necesaria para identificar tempranamente a los niños y adolescentes en trayectoria de mayor riesgo, pero está dispersa entre educación, salud, protección y municipios, y no gatilla intervención oportuna”, mencionan.

En el documento, también apuntan a robustecer el sistema de protección especializada y su coordinación con tribunales de familia, señalando que “Fortalecer las Oficinas Locales de la Niñez es indispensable, pero insuficiente si al mismo tiempo el sistema de protección especializada mantiene listas de espera de decenas de miles de niños y los tribunales de familia carecen de las herramientas y tiempos para intervenir en los casos en que el problema central es el propio grupo familiar.

Finalmente plantean abordar el consumo problemático de drogas y garantizar una rehabilitación efectiva, señalando que “no basta con aumentar las sanciones si el adolescente cumple su condena sin abordar un consumo problemático de drogas”.

“La prevención, el tratamiento y la rehabilitación deben ser parte central de una política efectiva contra la reincidencia y la violencia juvenil”, mencionan.