La Defensoría de la Niñez advirtió sobre el proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa que podría perjudicar a niños, niñas y adolescentes con “afectaciones graves” por impacto a sus familias.

La iniciativa busca agilizar y endurecer las medidas de control migratorio y faculta a las autoridades migratoria y contralora para requerir a “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado” los antecedentes personales de cada persona.

El organismo señaló que la propuesta resulta “preocupante” ante los riesgos que podría generar la medida en el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Si bien reconocen que el proyecto de ley no está dirigido formalmente a los menores de edad, “su aplicación puede generar afectaciones graves si impacta a sus familias”.

“La separación familiar, el temor a acudir a servicios públicos, la pérdida de redes de apoyo o las barreras para acceder oportunamente a salud, educación y protección, pueden generar escenarios de grave desprotección”, expresaron desde la Defensoría de la Niñez.

Asimismo, aseveraron que “preocupa especialmente que hospitales, consultorios, jardines infantiles, escuelas y otros espacios esenciales para el desarrollo de la niñez sean percibidos por las familias como lugares de fiscalización migratoria. Y ese solo temor puede provocar que niños, niñas y adolescentes dejen de asistir a controles médicos, a campañas de vacunación, a atención de urgencia, a espacios educativos o espacios de protección, afectando directamente sus derechos”.

En un comunicado, el organismo explicó que la medida “puede generar consecuencias especialmente graves si produce la ruptura de vínculos familiares”. En casos extremos, ello podría aumentar el ingreso de niños, niñas y adolescentes a modalidades de cuidado alternativo o residencial, medida que debe ser siempre excepcional y de último recurso, tal como lo dispone la ley.

Junto con ello, advirtieron que “cualquier norma que disponga la entrega de datos personales desde instituciones de salud, educación o protección debe incorporar resguardos explícitos, estrictos y proporcionales, no bastando referencias genéricas a dicha protección”.

La Defensoría de la Niñez llamó al Ejecutivo y al Congreso Nacional a reconsiderar la medida propuesta; además, oficiaron a la comisión de Gobierno del Senado de la República, con el objeto de hacer presente, no solo el riesgo que una medida como la propuesta puede significar, sino que haciendo un llamado explícito a realizar un análisis donde obligatoriamente se tenga a la vista el marco de la Ley N° 21.430 y los demás estándares aplicables a la materia.