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Desde Soledad Alvear hasta Jaime Gajardo: la cumbre de exministros que convocó Rabat en Justicia

El titular de la cartera convocó a todos sus antecesores a un encuentro que quedó agendado para este martes. La agenda es abierta, la idea abordar asuntos institucionales que han traspado más de alguna administración.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat. PEDRO RODRIGUEZ

Cuando el ministro Fernando Rabat pasó del mundo privado y de la litigación de causas de su estudios de abogados, a la política, rápidamente se dio cuenta que el Ministerio de Justicia al que estaba llegando es, sobre todo, una cartera muy institucional para todos sus asuntos.

Por eso es que desde un inicio que Rabat tuvo la idea de armar una reunión con todos sus antecesores. No resultó extraño que una de las primeras cosas que encargó a su equipo fue gestionar un encuentro con todos los exministros para tener una instancia que permita abordar temas institucionales propios de la gestión de la cartera de Justicia.

Desde que tuvo la idea, para el equipo de Rabat el principal problema ha sido coordinar una fecha en que estén todos disponibles. Inicialmente la idea era hacerla a inicios de abril, aunque luego la cita se tuvo que correr para el 29 de abril, lo que debieron aplazar debido a un ajuste por una coincidencia con la cuenta pública del fiscal nacional Ángel Valencia.

Entre medio de todas esas idas y vueltas en la agenda, la fecha final será este martes 19 de mayo y Rabat se ha encargado de invitar a todos sus antecesores, desde la exministra Soledad Alvear hacia adelante.

En el gabinete del Presidente Kast, el ministro Rabat no ha sido el único que ha convocado a exautoridades. Por ejemplo lo mismo hizo la titular de Salud May Chomali, quien se reunió varios exministros en una reunión que contó incluso con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet.

La convocatoria que recibieron los exministros planteaba que “la instancia tiene por objeto generar un espacio de encuentro y diálogo que permita compartir experiencias, recoger visiones y reflexionar en torno a los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector justicia”.

Desde el Ministerio de Justicia sostienen que la idea es escuchar ideas y puntos de vista que puedan nutrir el trabajo de Rabat, sobre todo recogiendo la experiencia de quienes ya pasaron por Justicia.

La agenda es abierta y los temas que se podrían tratar tiene que ver con asuntos que han traspasado a más de una administración como la reforma al gobierno judicial que partió el exministro Hernán Larraín (UDI), que continuaron los exministros Luis Cordero y Jaime Gajardo (PC) y cuya posta tomó Rabat. También la reforma procesal civil, de la que Rabat tiene interés en reactivar y el traspaso de Gendarmería desde la cartera hacia Seguridad Pública.

Otros temas que los asistentes esperan que se aborden es el ítem infraestructura penitenciaria, dado que la cita se produce justo cuando en el gobierno se trabaja en el diseño para habilitar 20 mil plazas.

Hasta el momento, según pudo recabar La Tercera, ya hay varios confirmados como por ejemplo Larraín, Gajardo, Cordero, Carlos Maldonado, Felipe Bulnes, Patricia Pérez, Teodoro Ribera (RN). El exministro Isidro Solís aún no confirma si podrá asistir y la exministra Javiera Blanco se excusó debido a complicaciones de agenda.

La convocatoria de Rabat se da en un contexto en que paulatinamente han ido apareciendo focos de conflicto entre algunos exministros y la actual administración. Uno de ellos es lo que pasó la semana pasada, luego de que el gobierno confirmara que evalúan hacer que la excárcel de Punta Peuco vuelva a ser un penal especial solo para condenados por delitos de lesa humanidad, uno de los puntos centrales de lo que fue el legado de los exministros Gajardo y Cordero.

Otro de los temas en que han aflorado diferencias ha sido la intervención que hizo el gobierno -con despidos de funcionarios y un plan para hacer más eficiente el trabajo- en la Comisión de Verdad y Niñez.

Otro de los temas en los que se han cruzado con el gobierno anterior es lo relativo al Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda, donde el punto de mayor tensión fue la desvinculación de tres funcionarias de dicho programa.

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