Dictan prisión preventiva contra dos sujetos que se hacían pasar por Carabineros para asaltar en Alto Hospicio

Foto: Referencial.

Efectivos de la PDI lograron incautar una placa genuina que había sido sustraída a un uniformado en 2021 tras un robo con violencia. También se confiscaron una pistola a fogueo, municiones y droga de tipo ketamina.


Caracterizados como funcionarios de Carabineros, con vestimentas, placas, gorros y elementos distintivos de la institución, dos individuos se hacían pasar por uniformados para perpetrar diversos delitos de robos con intimidación en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Tras ser aprehendidos por estos ilícitos, ambos debieron comparecer este sábado en audiencia de control de detención, siendo formalizados por el Ministerio Público.

Al respecto, el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de Tarapacá, Óscar Sáez, explicó que los sujetos exigían dinero a las víctimas y realizaban la revisión de domicilios en la comuna.

La toma de declaración de los afectados, la revisión de cámaras de seguridad, el análisis de redes sociales abiertas y el reconocimiento fotográfico, fueron las principales diligencias realizadas por detectives de la PDI que pudieron establecer la participación de, al menos, dos antisociales y su respectiva identificación.

En razón de aquello, el ente persecutor solicitó al Juzgado de Garantía de Alto Hospicio las órdenes de detención en contra de ambas personas, además de la autorización de entrada y registro a sus domicilios, hallando en uno de ellos diversas vestimentas alusivas a Carabineros.

Cabe señalar que en aquel inmueble se encontró una placa genuina que había sido sustraída a un funcionario en el año 2021 tras un delito de robo con violencia. También se incautó una pistola a fogueo, municiones y droga de tipo ketamina.

Por lo anterior, la Fiscalía solicitó al tribunal dictar la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, la cual fue decretada debido a que la libertad de los individuos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, estableciendo finalmente un plazo de 120 días para sustentar la investigación.

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