Desde su despacho en el Centro de Justicia, el juez de garantía Fernando Guzmán puede mirar directamente hacia los patios de la ex Penitenciaría. Mientras redacta resoluciones, ve a los internos cruzar de un módulo a otro, formar filas, circular en grupos. La escena es cotidiana, pero para él nunca es neutra.

Lleva más de dos décadas en el sistema penal y es uno de los jueces más antiguos de garantía en funciones. En las mañanas decreta prisiones preventivas, revisa cautelares y resuelve conflictos. En las tardes, admite, le cuesta dejar de pensar en lo que ocurre detrás de esas murallas que observa a pocos metros: un sistema que -dice- no solo está sobrepoblado, sino que perdió gobernanza en algunos espacios y permitió la instalación de economías criminales bajo su propia custodia.

En junio de 2022, Guzmán ingresó de forma sorpresiva a Santiago Uno y en un duro informe reveló algo que golpeó al sistema penitenciario en esa época. Esa vez denunció que en varios módulos de internos en prisión preventiva operaban mafias que torturaban y extorsionaban a reclusos —muchos de ellos primerizos y sin condena—, pidiéndoles dinero a sus familias a cambio de no quitarles la vida. Frente a ello, levantó actas, las remitió a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema y al Ministerio Público, y su denuncia impulsó investigaciones penales y traslados de internos de alta peligrosidad desde ese recinto.

A más de tres años de ese episodio, y en la semana en que dos reos se fugaron, se presume, con ayuda de custodios, y que siguen existiendo errores en la liberación de internos, el magistrado hace una pausa en sus actividades en la Corte de Apelaciones de Santiago -donde está de ministro interino- para hablar de un tema que le preocupa.

Usted, que por su rol ha estado en contacto permanente con el sistema penitenciario, ¿cómo califica su estado actual?

Como juez no me corresponde evaluar las políticas públicas ni referirme al desempeño institucional, menos aún pronunciarme respecto de la gestión de las autoridades. Lo que sí he podido constatar, según información recibida en audiencias y en las visitas ordinarias y extraordinarias a las cárceles, en el ejercicio de la función cautelar de la judicatura de garantía, específicamente en el deber de controlar la ejecución de la prisión preventiva y condenas privativas de libertad, es que en la última década se han agudizado progresivamente los problemas dentro de los recintos penitenciarios.

¿En qué sentido han aumentado las dificultades dentro de las cárceles?

Con el aumento significativo de la población penal en los últimos años, además de otros factores, se ha complicado el control de las personas privadas de libertad, dificultando que se apliquen criterios racionales de segregación y que se les provea de condiciones dignas y seguras de vida que permitan su efectiva reinserción social.

¿Pero eso es por falta de recursos?

Desde luego, se advierte la carencia de recursos e inversión. Hay escasez de personal e insuficiencia de medidas de seguridad. Las condiciones de habitabilidad son precarias, con niveles altísimos de hacinamiento. Tampoco estamos cumpliendo con el mandato legal de ingresar a los enajenados mentales en hospitales especializados, por lo que sus vidas e integridades físicas corren grave riesgo en contacto con la población penal general.

Ese diagnóstico no es ninguna novedad, se viene escuchando hace años...

Usted tiene razón, efectivamente en la actualidad se suman otros fenómenos que han contribuido a exacerbar la crisis.

¿Qué cosas?

Por demasiado tiempo se desatendió el aumento progresivo de las tasas de encarcelamiento, el nuevo perfil criminógeno de la población penal, el acceso a la tecnología, los flujos migratorios, etc., generando una suerte de vacío del poder estatal en el sistema cerrado que ha desestabilizado la gobernanza penitenciaria. La existencia de bandas criminales, la extendida corrupción interna y la presión y poder de los gremios con personal sindicalizado armado, obviamente generan dificultades para enfrentar los altos índices de violencia y las extorsiones al interior de los recintos penales.

Usted ha ingresado reiteradas veces a recintos penitenciarios y ha advertido sobre la presencia de mafias al interior de las cárceles. ¿Qué es lo que vio que lo llevó a hablar derechamente de crimen organizado operando desde dentro?

Dado lo observado directamente en las visitas ordinarias y extraordinarias de cárcel, motivadas por las denuncias de los abogados defensores, familiares y los propios afectados, se ordenaron las medidas tendientes a morigerar el poder de las organizaciones criminales que operan impunemente dentro de las cárceles, como si fuera un verdadero centro de negocios protegido, incluso con la participación de personal de Gendarmería.

Hay preocupación de que todo esté validado o en complicidad con custodios, ¿lo ve así?

Mire, yo creo que no hay que olvidar que la contracara de las organizaciones criminales es la corrupción de las agencias estatales. En su oportunidad detallé cómo se extorsionaba a los primerizos y tenían verdaderas pulperías con venta de especies lícitas e ilícitas.

¿Qué tan infiltradas están hoy las cárceles chilenas por organizaciones criminales? ¿Estamos frente a fenómenos aislados o a estructuras consolidadas?

Desgraciadamente, yo le diría, las organizaciones criminales están bastante extendidas. Esto ha sido reconocido por las autoridades de Gendarmería de Chile. Lo positivo es que al fin la sociedad civil y las instituciones públicas se están tomando en serio el tema. Se observan consensos y una mayor visión de Estado. Hay voluntad de tratar el fenómeno en el contexto de la seguridad pública desde el Ejecutivo y Legislativo, y una decidida acción del Ministerio Público de perseguir penalmente a las organizaciones criminales y los actos de corrupción al interior de los recintos penitenciarios.

¿El sistema de clasificación y segregación de internos está funcionando o se ha vuelto ineficaz frente al avance del crimen organizado?

Con los niveles existentes de sobrepoblación penal y la escasa inversión en la infraestructura de los recintos, resulta utópica dicha expectativa. La segregación de las bandas criminales es clave en la recuperación de los espacios públicos.

¿Le parecen bien, entonces, medidas como propone el presidente electo, José Antonio Kast, de construir cárceles especiales para aislar el crimen organizado?

No procede que comente las políticas públicas sectoriales, tanto las iniciativas como los diseños e implementación. Pero hay cierto consenso entre los expertos que debe existir segregación de la población penal más peligrosa, con un régimen interno especial. Establecimientos como el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) son necesarios.

¿Hay hoy una pérdida de control territorial dentro de algunos penales? ¿Existen módulos dominados por determinadas bandas?

Sin duda, se ha perdido el control estatal dentro de algunas cárceles o módulos dentro de estas. De igual forma como en algunos espacios públicos del medio libre. El principal desafío actual es su recuperación. Fortalecer la legitimidad y eficacia del monopolio de la fuerza estatal.

Cuando ocurren homicidios entre internos, ¿qué suele haber detrás: conflictos personales, disputas de bandas, ajustes de cuentas ordenados desde afuera?

Todo lo anterior, además de otras razones. El sistema penitenciario es en sí mismo hostil. La violencia es consustancial al régimen cerrado. No es el lugar adecuado para resolver pacíficamente las controversias. De allí la necesidad de usar el encarcelamiento como un instrumento de última ratio y de tener programas eficientes y eficaces de rehabilitación social.

En las últimas semanas hemos visto una seguidilla de fugas, la más reciente desde la ex Penitenciaría. ¿A qué cree que se deba?

Probablemente existan fallas operativas y, a su vez, indicios de algo más estructural.

¿Cómo qué? Desde el Ministerio de Justicia se ha deslizado la hipótesis de un posible sabotaje interno. ¿Es plausible que existan redes dentro de Gendarmería facilitando fugas o debilitando los controles?

Lo desconozco. No tengo información al respecto, salvo las publicaciones de prensa. Aparentemente existe una fuerte tensión entre el alto mando y sectores de custodios.

De comprobarse, sería muy grave. ¿Cómo lo ve?

De acreditarse, sería tremendo. Otro nivel de corrupción. Una presión para evitar la intervención de la autoridad, aprobar las reformas indispensables y mantener el statu quo.

¿Usted cree que existen suficientes herramientas legales para investigar responsabilidades administrativas o penales dentro del propio sistema penitenciario?

Las herramientas legales para investigar y perseguir las responsabilidades administrativas y penales existen y son suficientes. Lo que sí la judicatura de garantía requiere con urgencia, para cumplir íntegramente sus múltiples funciones, es un código único de Ejecución de Penas, Medidas Cautelares y Salidas Alternativas.

¿Puede explayarse sobre esta idea?

Ya se han efectuado las reformas legales sustantivas y procesales que entregan instrumentos y técnicas más sofisticadas que permiten investigar, acusar y juzgar con eficiencia y eficacia los delitos cometidos dentro de los recintos penitenciarios. Lo que falta, a mi juicio, es un cuerpo normativo integral, con rango legal, que permita a los jueces de garantía controlar la ejecución de las condenas y medidas cautelares personales privativas de libertad, distinguiendo con mayor claridad las materias que son jurisdiccionales y las que son de facultad de la administración.

¿Cómo impacta este escenario en las audiencias de control de detención y en la decisión de enviar o no a prisión preventiva a un imputado?

Sin lugar a dudas, impacta en las decisiones jurisdiccionales. El juez de garantía constantemente está intentando gestionar con el mayor equilibrio posible los intereses legítimos de la persecución penal y los derechos de los imputados, incluida la presunción de inocencia. No es tan fácil como se percibe manejar las relaciones entre la seguridad de la sociedad y de las víctimas con la necesidad de evitar el contacto de los imputados con los factores criminógenos que hacen más improbable su reinserción social.

Entonces no es tan fácil para ustedes, los jueces, mandar hoy a alguien preso...

El encierro en ciertas condiciones puede ser contraproducente para los propios intereses de seguridad de la comunidad, pues más temprano que tarde se cumplen las condenas. En otras palabras, hay que tener cuidado y prudencia con el uso excesivo y automático de la prisión preventiva.