En su segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR), la Contraloría General de la República centró su análisis en iniciativas que desarrollan los municipios del país para promover el bienestar animal, prevenir el abandono de mascotas y resguardar la salud pública y el medioambiente.

El análisis señala que entre 2017 y marzo de 2026, las municipalidades recibieron $33.647.556.550 a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC).

El PTRAC es una iniciativa que desde 2014 impulsa la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). En su primera década operativo, el programa alcanzó una participación 343 comunas, correspondiendo al 99% del total del país.

En el periodo de nueve años analizado por la Contraloría, se constató que 61 municipios no realizaron jornadas de rescate animal ni de control poblacional, pese a haber recibido, desde 2022, casi $5 mil millones para esos fines desde la Subdere.

En tanto, 162 comunas no respondieron a los requerimientos de información de la Contraloría sobre el uso de más de $16 mil millones transferidos.

También, se constató que 25 municipalidades no cuentan con una ordenanza sobre tenencia responsable; 178 no disponen de lector de microchip o no informaron sobre su disponibilidad; 31 mantienen o financian caniles que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal.

El reporte también detectó inconsistencias en el Registro Nacional de Identificación de Mascotas y en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, a cargo del Ministerio del Interior, particularmente en la identificación de los responsables de los animales.

En el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos se observó que aparece que solo 748 personas, de un total de 39.987, han realizado el curso de adiestramiento exigido.

La Contraloría indicó que estos resultados configuran una alerta de riesgo relevante, por lo que fiscalizará a la Subdere, en su calidad de entidad que transfiere los recursos y exigirá a las municipalidades que no cuentan con ordenanza dictarla en un plazo de 90 días hábiles.

El organismo encabezado por la contralora Dorothy Pérez ejecuta los RADAR con el objetivo es identificar amenazas en el uso de recursos públicos en distintos procesos de la Administración del Estado.

La herramienta debutó en abril de este año, con un análisis de compras públicas realizadas por algunas municipalidades, gobiernos regionales y la Subdere.