Para abogados vinculados a las causas por delitos de lesa humanidad en dictadura y funcionarios que se han desempeñado en el Programa de Derechos Humanos (DD.HH.) del Ministerio de Justicia, el último mes la administración del Presidente José Antonio Kast ha roto pilares que por años guiaron el actuar del Estado en la persecución de los responsables de los crímenes ocurridos bajo el régimen del general Augusto Pinochet.

Pese a que las autoridades de la cartera encabezada por el ministro Fernando Rabat han recalcado que la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) está asegurada, los lineamientos del órgano ejecutor de dicha iniciativa -el Programa de DD. HH. que depende de la Subsecretaría de DD.HH. que dirige Pablo Mira- cambiaron radicalmente.

El giro habría comenzado, según fuentes de Justicia, cuando el 31 de marzo se disvinculó a la directora del PNB Paulina Zamorano y a las coordinadoras Magdalena Garcés y Tamara Lagos. Los cambios continuaron, además, cuando el 6 de abril el ministro le pidió el cargo al abogado Pablo Fuenzalida, quien se desempeñaba como coordinador jurídico del programa.

Con ellos fuera, la nueva fórmula se aplicó. Todo quedó en evidencia, aseguran fuentes de la repartición, cuando el miércoles 15 de abril se comunicó a la abogada María Francisca Onel, que representaba a la Subsecretaría de DD.HH., que no debía alegar en la vista del amparo presentado por la defensa de César Manríquez -condenado a 15 años de cárcel como autor del secuestro calificado de 16 víctimas en la causa de la Operación Colombo-, para acceder al cumplimiento del resto de la pena en libertad por encontrarse en estado de enajenación mental.

La instrucción, de acuerdo con fuentes que conocieron de la situación, llegó de parte de la jefa del programa, Constanza Garrido, pero fue tardía, ya que la abogada recibió la comunicación cuando ya había intervenido ante la Corte de San Miguel. Sin embargo, y en atención a que el amparo fue acogido, hubo una segunda instrucción de parte de Garrido: no debían apelar.

La situación generó ruido de inmediato en la subsecretaría, pues la orden distaba de lo que para los funcionarios que llevan tiempo trabajando aquí era una política establecida, es decir, oponerse o rechazar el acceso a beneficios por parte de condenados por DD.HH.

Pero las miradas por parte de los funcionarios no se posaron sobre Garrido, sino que se dirigieron directamente hacia el ministro Rabat e incluso La Moneda. Esto, entre otras cosas, porque había sido Garrido, la misma jefa del programa, quien el día previo -el 14 de abril- se había hecho parte del litigio en representación del subsecretario Mira y había expresado que la entidad se oponía a la liberación del condenado.

La situación generó que la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de DD. HH. divulgara rápidamente un comunicado manifestando su desconcierto, aunque luego advirtieron que la causa de Manríquez no era la única en que ya se había aplicado la nueva directriz.

La misma instrucción, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, se dictó frente a requerimientos de Héctor Osses, excarabinero condenado por el secuestro con homicidio de un poblador de La Granja, quien también busca su libertad por enajenación mental. Esa vez se instruyó no seguir interviniendo en sus procesos y desistirse de las apelaciones interpuestas.

Una situación similar ocurrió en el caso de Jorge Mandiola ante la Corte de Apelaciones de Concepción y también en el de Luis Palacios, donde el Programa de DD.HH. desistió del recurso de apelación interpuesto para frenar la posibilidad de que cumpliera condena totalmente en libertad.

Fueron las funcionarias desvinculadas a fines de marzo quienes encendieron las alertas y expresaron públicamente la molestia. “A diferencia de los indultos directos, esta modalidad de ‘indulto pasivo’ permite que condenados por crímenes de lesa humanidad y que argumenten su condición de ser adultos mayores o padecer enfermedades graves obtengan salidas alternativas sin la oposición de los abogados del Estado. Esta omisión de defensa se convierte así en la nueva vía para desestimar el cumplimiento de cárcel efectiva", se lee en un comunicado firmado por Zamorano, Garcés y Lagos.

Críticas al Ejecutivo

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, explica que han pedido antecedentes sobre esta nueva instrucción sin éxito. Según sostiene, ni el subsecretario Mira ni el ministro Rabat han sido claros respecto del futuro de las causas.

El viernes 17 de abril levantaron una serie de interrogantes en el marco de la sesión del Comité de Seguimiento del Plan de Búsqueda -primera vez que se reunían bajo la nueva administración-, pero sólo quedaron con más dudas.

“No nos dieron respuesta. Ese viernes la noticia de Manríquez la teníamos sólo como un rumor. Preguntamos pero no nos respondieron. Al final el subsecretario no nos dijo nada. No ha habido intención del ministro de reunirse con nosotros. No nos habla, no nos recibe, tenemos más de 400 querellas abiertas y ahora tenemos el temor de que también decidan retirarse de esos procesos, porque tenemos el pésimo precedente de lo que ha ocurrido estas semanas”, sostuvo Lira.

La dirigenta adelantó que este miércoles se reunirán con el cardenal Fernando Chomali para abordar el asunto, dado que él también es miembro del Comité de Seguimiento del PNB.

Adicionalmente, desde las agrupaciones solicitaron a un grupo de senadoras que oficien a Justicia para que detalle qué es lo que sucede al interior del Programa de Derechos Humanos. “Hoy nos estremece cada decisión que está tomando el gobierno, sin considerarnos, como si no existiéramos. Nos dieron una charla sobre qué eran los derechos humanos y eso fue una falta de respeto. Para ellos hemos sido invisibles, ninguna consulta tuvo respuesta. Estamos en estado de alerta, muy preocupadas, aunque no cerraremos la puerta al diálogo”, recalcó Lira.

Desde el mundo político, el exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC), también manifestó su preocupación. “A nuestra sociedad le ha costado mucho que los criminales de lesa humanidad de la dictadura militar sean juzgados por la justicia y cumplan sus condenas. Por lo mismo, lo que se denuncia en este comunicado es gravísimo y las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tienen que dar una explicación al país. Bajo ninguna razón se pueden permitir subterfugios para imponer la impunidad”, publicó en X.

A la ofensiva de Gajardo también se sumó la exsubsecretaria de DD.HH. Daniela Quintanilla. “La decisión del gobierno es una activa promoción de impunidad y un incumplimiento grave al mandato legal de la subsecretaría. Degradar los estándares en la búsqueda de justicia y las garantías de no repetición, es un atentado contra el Plan de Búsqueda y nuestra democracia. Exigimos transparencia de las razones que justifican este nuevo criterio”, dijo la exautoridad en X.

Pese a todo el revuelo, desde la Subsecretaría de DD.HH. toman distancia de lo ocurrido. La Tercera envió consultas a la cartera que dirige Mira, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

El martes el subsecretario Mira fue consultado por el tema en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, oportunidad en que manifestó que no tenía detalle sobre las causas que le mencionó la senadora Fabiola Campillai.

“No tengo información sobre cinco causas. Me gustaría tener más información respecto de cuál es exactamente la solicitud para proceder a responderla. Nosotros en la subsecretaria, el área jurídica, tiene a su cargo 435 casos, dentro de los cuales hay diligencias que se realizan prácticamente todos los días”, se limitó a responder Mira.

Quien sí se refirió escuetamente a la controversia fue Rabat. Lo hizo esta mañana cuando estuvo en una actividad en el Sernac a propósito de la reforma notarial. “Lo relevante es atender lo que han señalado los fallos. Las sentencias han establecido que atender a la integridad, dignidad y a la salud de personas condenadas cuando son mayores de edad, incluso en delitos de lesa humanidad, apuntan a respetar la dignidad de esas personas (...) No ha habido una instrucción de este ministro. Lo que hemos señalado es que hay que atender el contenido de las sentencias”, sostuvo el ministro.