Pasadas las 18 horas de este lunes, el Pleno de la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien pasó a ser el sexto integrante de la Cámara de Diputadas y Diputados en perder su inmunidad durante el actual período legislativo.

La decisión habilita al Ministerio Público para avanzar en su persecución penal por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil contra el legislador exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

El fallo fue unánime respecto de los delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias, mientras que en votación dividida el tribunal rechazó la imputación por delitos tributarios presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), revocando en ese punto lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El caso Lavín León y el avance de la investigación

La solicitud de desafuero fue ingresada el 27 de junio de 2025 por la Fiscalía Metropolitana Oriente, por cuatro ilícitos. Posteriormente, el 16 de octubre de ese año, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la petición, decisión que este lunes fue confirmada parcialmente por la Corte Suprema.

La investigación vincula al parlamentario con la emisión de presuntas facturas falsas y eventuales gestiones indebidas relacionadas con la comuna de Maipú.

Una vez que la sentencia firme y ejecutoriada, el Ministerio Público quedará en condiciones de formalizar la investigación y eventualmente solicitar medidas cautelares, a la espera de la redacción y notificación del fallo íntegro del máximo tribunal.

Seis diputados desaforados

La decisión que afecta a Joaquín Lavín León se inscribe en un contexto inédito para el Congreso, marcado por una sucesión de desafueros parlamentarios desde 2023.

El primer caso del período correspondió a la diputada María Luisa Cordero (Ind.-RN), cuyo desafuero fue acogido el 8 de junio de 2023 por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco de una querella por injurias presentada por la senadora Fabiola Campillai. Esa causa concluyó en enero de 2024, tras un acuerdo alcanzado en audiencia de conciliación.

Posteriormente, el 22 de julio de 2024, la Corte de Apelaciones de Temuco desaforó al diputado independiente Mauricio Ojeda, exintegrante de la bancada del Partido Republicano.

En enero de 2025, Ojeda fue formalizado y quedó en prisión preventiva por delitos reiterados de fraude al Fisco, cohecho, lavado de activos y soborno, en la denominada arista Manicure del caso Convenios, investigación que indaga el traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones FOLAP y EDUC. Tras varias revisiones de su cautelar, actualmente cumple arresto domiciliario total.

El 23 de octubre de 2024, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Talca declaró el desafuero del diputado independiente por el distrito 17 del Maule, Francisco Pulgar, imputado por delitos de violación y abuso sexual reiterados contra una menor de 14 años.

El juicio oral fue programado para octubre de 2026, y el parlamentario permanece bajo arresto domiciliario total.

La Corte Suprema confirmó en abril de 2025 el desafuero de la diputada Catalina Pérez (Frente Amplio), en el marco del caso Democracia Viva. Un mes después fue formalizada por tres delitos de fraude al Fisco, vinculados a convenios por $426 millones adjudicados a esa fundación en Antofagasta.

Actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras la Fiscalía solicita una pena de 10 años y un día de presidio.

Finalmente, el 29 de septiembre de 2025, el máximo tribunal ratificó el desafuero del actual diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto (Ind.-FRVS), investigado por un presunto fraude al Fisco superior a $103 millones, relacionado con la contratación de una asesora que, según la Fiscalía, no habría prestado funciones efectivas en su equipo parlamentario.