Un plan similar al que se puede ver en películas de mafiosos estafadores fue el que fraguó una banda formalizada la jornada del martes 14 de julio por el fiscal José Morales de la Fiscalía Centro Norte.

Ocho imputados chilenos idearon un detallado mecanismo del cual resultó víctima el notario público de Huechuraba, Mauricio Bertolino, a quien los delincuentes lograron sustraerle casi $ 370 millones.

En primer lugar, los imputados generaron una falsa alerta de fraude bancario, capturaron sus cuentas y los correos asociados a ellas. Como si fuera poco, luego lo extorsionaron para así lograr que les entregara más dinero.

Tras ser detenidos por efectivos de la Policía de Investigaciones, los integrantes de la estructura fueron formalizados por el equipo dirigido por Morales -e integrado por las abogadas Nicole Pittet y Patricia Aguilar- ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de estafa informática, extorsión y lavado de activos.

Para los tres principales formalizados, Brandon Cruz, Luis Cerpa y Leandro García, se decretó la prisión preventiva, mientras que los otros cinco implicados quedaron con medidas cautelares menos intensas.

La estafa

Según pudo acreditar el Ministerio Público, el 7 de julio de 2025, Cruz, Cerpa y García, actuando de forma coordinada, llamaron telefónicamente a la víctima, simulando una alerta de fraude en sus cuentas del Banco de Chile. Mediante este engaño y técnicas de acceso remoto no autorizado, los delincuentes, como indicó Morales en la audiencia de formalización, tomaron el control absoluto de las plataformas financieras del notario.

Entre las acciones desplegadas, los imputados modificaron los correos de contacto registrados en el banco por cuentas bajo su control. Así lograron desviar las alertas de seguridad y configurar la aplicación “Mi Pass” -que es la que permite autorizar movimientos- en sus propios dispositivos.

Para ejecutar el plan, los sujetos conectaron sistemas de Red Privada Virtual (VPN) para simular que las transferencias se realizaban desde direcciones IP en Estados Unidos y distintas regiones del país, eludiendo la trazabilidad inmediata.

De la misma forma, como expuso el Ministerio Público, pudieron hackear la cuenta de la sociedad del notario, Drussaco SpA, en el Banco Itaú, autoenviándose $ 17.270.000 a la cuenta personal del afectado para poder seguir desviando fondos.

Así, en pocas horas, la banda transfirió $ 126.902.639 a una red de testaferros previamente concertados. Entre los principales receptores se identificó a la empresa iPhone Chile ByD SpA, que era propiedad del imputado Luis Cerpa, con casi $ 40 millones, además de cuentas asociadas a los coimputados Igor Carrasco ($ 28,6 millones) y Aldo Aravena ($ 23 millones).

Segunda fase

Pese a la millonaria cifra que ya había obtenido, los imputados fueron por más y comenzaron a aplicar violencia psicológica para que la víctima entregara más dinero.

Como pudieron establecer los investigadores, con fecha 8 de julio de 2025, los delincuentes llamaron al notario asegurando que sus cuentas bancarias estaban intervenidas por el Tren de Aragua y que la vida de él y sus trabajadores corrían peligro.

Con la excusa de supuestamente poner a salvo el dinero, los imputados pidieron a la víctima que entregara todo su dinero en efectivo a un presunto funcionario de la PDI, pero que en realidad era uno de ellos.

Citaron al notario en el estacionamiento del Mall Plaza Norte, hasta donde él concurrió. Ahí, Leandro García simuló ser el inspector de la PDI Matías Alarcón y la víctima hizo entrega de $ 4.600.000 en efectivo, USD $ 34.125 y varias tarjetas de crédito.

Con las tarjetas en su poder, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, los delincuentes realizaron masivas compras online y presenciales en Ripley, Reifstore, Starbucks y pasarelas de pago por un total de $ 26.307.620.

Igualmente, añadió el investigador, los imputados realizaron constantes amenazas de muerte y un estrecho seguimiento físico, obligando al notario a solicitar créditos de consumo exprés en los bancos Itaú y BCI por un total de $ 159.934.160. Posteriormente, obligaron a la víctima a retirar físicamente el efectivo en sucursales de Huechuraba y Las Condes para entregárselo en estacionamientos subterráneos.

El lavado

Luego de obtener el dinero de manera fraudulenta, los imputados tenían que introducirlo al sistema formal. Blanquearlo, para intentar no ser descubiertos.

Para ello, como expuso el fiscal Morales, la banda utilizó cuentas puente y aplicaciones digitales como Mercado Pago para realizar decenas de transferencias fraccionadas de bajo monto para no levantar alertas en la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Asimismo, la imputada Tiare Gómez de la Hoz realizó retiros masivos de dinero por caja en sucursales bancarias por más de $ 12 millones para romper el rastro digital.

El destino final de una parte importante del botín, como se detalló, quedó al descubierto cuando la Fiscalía detectó que el líder operativo, Brandon Cruz, realizó un giro en efectivo por $ 19.000.000 en un mall de La Florida.

Con esa plata, el imputado compró dos vehículos marca Peugeot, los que inscribió a nombre de su madre, Ruth Román, quien actuó como testaferro.

Las labores del Ministerio Público, como destacó el fiscal Morales, continúan, para así lograr establecer el paradero final de todo el dinero sustraído.