La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado levantar las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo que supone anular la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar en sede judicial, si bien ha confirmado la decisión del instructor de enviarla a juicio con jurado popular.

En un auto recogido por Europa Press, el tribunal madrileño acuerda mantener el juicio con jurado popular contra la esposa de Sánchez, aunque lo hace de forma parcial, únicamente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, ya que archiva otros dos de los que el juez acusaba a Gómez: corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Los magistrados también avalan el juicio con jurado contra la asesora de la esposa de Sánchez, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación y sólo en relación con el supuesto desvío del ‘software’ de la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), por lo que archivan para ella los otros tres delitos, los mismos que Gómez, que el juez le achacó.

Además, deciden apartar del juicio con jurado al empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer imputado en la causa, acordando que contra él se siga la investigación en lo relativo “a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos”.

La Audiencia de Madrid señala que los “indicios” que existen sobre Gómez sitúan su participación en presunto tráfico de influencias cometidos por particular tanto en la creación de la cátedra como en la intermediación en favor de Barrabés, y supuesta malversación de patrimonio público tanto por el destino del ‘software’ como en la utilización para fines privados de su asistente personal.

“No así del delito de apropiación indebida y el de administración desleal”, que “se cometen sobre patrimonios privados y por personas que no tiene la condición de funcionarios públicos”, mientras que “el Código Penal contempla otras formas de protección jurídica penal en los casos de patrimonios públicos, en este caso mediante el delito de malversación”. “Tampoco consideramos existan indicios respecto del delito de corrupción en los negocios”, precisa.

Para los magistrados, “parece perfectamente verosímil sostener” que Gómez “logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto”.