El Consejo de Defensa del Estado (CDE) concretó el martes, un día antes de la formalización, la presentación de una querella en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

La autoridad comunal este jueves llegó hasta el Centro de Justicia para su formalización por los delitos de malversación, lavado de activos y cohecho, entre otros delitos, en una investigación que se arrastra desde 2022 por la Fiscalía Centro Norte.

En ese contexto, el CDE se sumó a las acciones judiciales contra Jadue y presentó una querella en su contra por su calidad de autor en los delitos de cohecho y fraude al Fisco.

En el punto primero de la acción judicial, se detalla que Jadue en los años 2020, 2021 y 2022, ha tenido un doble rol como alcalde de Recoleta y presidente del directorio de la Achifarp, “administrando deslealmente los fondos públicos de la referida municipalidad, infringieron sus obligaciones legales” y en concertación con algunos funcionarios municipales y de la asociación de farmacias.

El CDE en el primer punto, lo encauza en el convenio suscrito entre la Achifarp y la Universidad de Concepción para disponer en la atención primaria de Interferon como medicamento tratante del Covid-19. El costo del convenio era de $301.349.276 y estaba sujeto a una serie de “hitos”.

El “hito 1″, requería el pago de $24.812.400. Sin embargo, el 11 de agosto de 2020, en una sesión de concejo en Recoleta, Jadue solicitó incorporar dos puntos en la tabla a discutir, entre ellos, la aprobación de una cuota extraordinaria por $25.500.000, “lo que se deduce que ya la solicitud al concejo municipal el querellado solicitó $687.600 de más”. Pese a eso, el monto fue aprobado.

El 27 de abril de 2021, de acuerdo a los antecedentes presentados en la querella, Jadue volvió a solicitar aprobación al concejo para traspasar dineros a la Achifarp y pagar a la casa de estudios. En la instancia, afirma el CDE, se aprobó el traspaso de $204.976.800 para la adquisición de 180 mil dosis de Interferón. En la instancia el alcalde afirmó que los permisos para la elaboración del medicamento ya habían sido entregados por el Instituto de Salud Pública (ISP).

En este punto el CDE hace mención que tanto la Municipalidad de Recoleta y la Achifarp, estaban en manos de la misma persona, el alcalde Jadue, y que pese a haber aprobado un monto total de $230.476.800 a la asociación de farmacias para pagar a la Universidad de Concepción, solo se transfirieron $25.000.000 y que el resto no fue restituido a las arcas municipales.

El CDE agrega que el Instituto de Salud Pública (ISP), a diferencia de lo afirmado por Jadue en el concejo, nunca autorizó la fabricación del medicamento y que solo se respaldaron los planos del laboratorio, por lo que la obtención de recursos para fabricar Interferón no correspondía.

En la misma línea, también cuestiona el traspaso de $150.000.000 a la Achifarp para la compra del medicamento Avifavir. Sin embargo, la asociación señaló a un requerimiento de la Contraloría que el convenio generaba gastos por $134.968.584, por lo cual, $15.031.416 estaban pendientes de ejecución y que no fue rendida durante la pesquisa de Contraloría.

“De gastarse una menor cantidad, el saldo ($15.031.416) debió reintegrase a la Municipalidad, lo que no ocurrió. En las circunstancias expuestas, los montos transferidos desde la Municipalidad de Recoleta a ACHIFARP también dan cuenta de actos a sabiendas de falta de fidelidad en la gestión del patrimonio público que ocasionaron perjuicios económicos a las arcas municipales, por parte del querellado Daniel Jadue, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Recoleta” se sostiene en el escrito.

De acuerdo a los antecedentes del CDE, los estatutos de la Achifarp señalan que no se puede realizar el cobro de más de una cuota extraordinaria al mes y, los fondos recibidos, no podrán destinarse a otros objetivos con el cual se recaudaron inicialmente, salvo determinación de una Asamblea General Extraordinaria.

Sin embargo, tal disposición, consigna el CDE, también fue vulnerada por Jadue, ya que en agosto de 2020, gestó que Recoleta realizara el pago de dos de estas cuotas por concepto de adquisición de Interferón y la compra de Avifavir, a la Achifarp, la que también presidía y representaba.

“Además, los montos transferidos a Achifarp, a raíz de sus gestiones, casi en su totalidad, sin mediar asamblea alguna, no fueron utilizados para el fin previsto, lo que adquiere especial gravedad al observar que el dinero público involucrado fue autorizado por el Concejo Municipal con el fin preciso, concreto y determinado”, se consigna en la acción judicial.

En otro de sus puntos de la querella, el CDE sostiene que los concejales de la comuna fueron engañados por Jadue y por el director del Departamento de Salud, Eduardo Sendra, para aprobar dineros para la Achifarp y realizar la compra de dispositivos auditivos.

Dentro de los antecedentes se menciona el convenio de colaboración entre Recoleta y la asociación de farmacias populares, a la que en marzo de 2019, se le traspasaron $63.201.926 para la compra de 125 prótesis auditivas. En el mismo acuerdo, pero para ayudar a personas con dependencia, se aprobó otra cuota extraordinaria por $49.533.000 para adquirir 100 camas clínicas.

“A lo anterior se agregan otras acciones relacionadas con el tratamiento del déficit auditivo que configuran acciones defraudatorias. Al efecto, debido a la crítica y angustiante situación económica de la Achifarp ya referida, provocado por la administración fraudulenta por parte de los imputados Daniel Jadue Jadue y José Matías Muñoz Becerra respecto del patrimonio de Achifarp, buscando los querellados la necesidad de mantener oculto el real estado financiero de la asociación, y de evitar las consecuencias judiciales personales por las operaciones realizadas, se concertaron para la obtención de recursos desde la Municipalidad de Recoleta para obtener liquidez, durante el mes de agosto del 2021, planificaron obtener nuevos recursos a través de ventas de productos directas a la Municipalidad de Recoleta, aprovechando la calidad de alcalde de esa municipalidad del querellado Jadue Jadue”, consigna el CDE.

En ese contexto, menciona que los querellados “suscribieron un Contrato de Suministro de prótesis auditivas, con fecha 30 septiembre de 2021 entre la Achifarp y la Municipalidad de Recoleta, por un valor total de $99.271.680 pesos para la adquisición de 345 prótesis auditivas, que en promedio de valor unitario correspondía a $ 287.744 pesos”.

En esta operación no existió licitación pública y -de acuerdo al CDE- para justificar la compra directa, Jadue y Muñoz se concertaron con Sentra, quien presentó un informe que resultó ser falso “considerando que las prótesis auditivas a adquirir no tenían la referida dependencia tecnológica con las usadas en el centro audiológico de la Municipalidad (son genéricas)”.

“En el Concejo Municipal de Recoleta (nº120), de fecha 10 de agosto de 2021, los concejales, engañados por la información falsa entregada por los querellados, aprobaron la compra directa de prótesis auditivas a la Achifarp, firmándose el contrato señalado, concretándose la compra, y pagándose por parte de la Municipalidad a la Achifarp”, sostiene la querella.

El CDE recalca que con la intención de ocultar el verdadero estado financiero de la Achifarp, Jadue, Muñoz y Sendra -en diciembre de 2021- desarrollaron nuevas “maniobras defraudatorias” a Recoleta, al idear la venta directa desde la asociación al municipio. Esto ocurrió con un convenio que establecía la adquisición de glucómetros por un monto total de $58.738.311, donde -acuerdo al CDE- se preparó una solicitud de “compra urgente” de estos insumos, con lo cual se aprobaba la compra sin pasar por una licitación.

El Ministerio Público en diligencias investigativas, en febrero de este año, encontró una bodega municipal con casi 2.000 kit de glucómetros, 85 lancetas y 6.000 tiras de la orden de compra señalada, vencidos y sin haber sido usados, “lo que demuestra de manera evidente que la supuesta necesidad urgente, jamás existió”, dice la querella.

En mayo de 2022, Recoleta autorizó una nueva compra de nuevos kit de lancetas y tiras reactivas, con el argumento de adquirir insumos compatibles con los dispositivos anteriormente adquiridos, por $9.876.841. El argumento de compatibilidad, “es falso”, dice el CDE.

De acuerdo al CDE se configura el delito de cohecho en la relación de Jadue con la empresa Best Quality, proveedora de insumos médicos de Achifarp.

En junio de 2020, en una reunión, Jadue -según la querella- le ofreció a César Ramírez Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality, ser proveedor de la asociación por las 93 salas de venta que tendría a través de las municipalidades.

De acuerdo al CDE “en el marco de las referidas reuniones, Daniel Jadue planteó a César Ramírez Ramírez la posibilidad de que, atendida su calidad de Alcalde de la comuna de Recoleta, y teniendo a la vista los negocios que se habían concretado con la Achifarp, la empresa Best Quality Spa efectuara una donación de sus productos para la Municipalidad de Recoleta, cuestión a la que, inicialmente, el representante de dicha empresa no accedió por cuanto aquello no se encontraba contemplado en los términos de los acuerdos comerciales que se habían alcanzado”.

Sin embargo, de acuerdo al Consejo de Defensa del Estado, tal donación no se efectuó en favor de Recoleta, sino que fue en beneficio de la sede del Partido Comunista de la comuna, en calle Lircay #486, lo que fue establecido por las diligencias de georreferenciación de antenas de celular, lo que permitió establecer que el chofer de Best Quality estuvo en el lugar.