El fiscal Patricio Cooper, quien lidera la investigación por ProCultura, una de las principales aristas del caso Convenios, tenía completa convicción de que se requería intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric.

Por lo mismo, no sólo requirió la medida intrusiva en una ocasión, sino que insistió. Pese a ello, el Juzgado de Garantía de Antofagasta les cerró la puerta en dos oportunidades.

Pese a ello, en los escritos presentados por el persecutor, se desprenden una serie de elementos que hoy son centrales para el caso. Entre ellas, que el Mandatario sí se desplegó con miras a recabar antecedentes respecto de los cargos que se le imputaban a su ex pareja.

Se hace presente, en ese sentido, la conversación que Boric sostuvo con la expareja de Alberto Larraín, Josefina Huneeus, a quien le solicitó información específica respecto de los antecedentes que se manejaban.

Según expone el persecutor “el Presidente le manifiesta directamente su interés en conocer las acusaciones en contra de su expareja, Irina Karamanos Adrián. En la comunicación, Gabriel Boric Font indaga directamente sobre las transferencias y abonos que su ex pareja habría recibido y/o realizado a propósito de los trabajos que ella realizó como empleada de la Fundación".

Pero eso no es todo, pues en medio del mismo escrito, como pudo conocer La Tercera, el jefe de Estado decidió ir más allá: “El Presidente Gabriel Boric Font intenta coordinar una defensa respecto de su ex pareja, pidiéndole a su interlocutora el número telefónico de la representante legal de la Fundación Procultura, María Constanza Gómez Cruz, también imputada en esta causa, a fin de coordinar una defensa para Karamanos, con aquella y con su Abogado, es decir, común respecto de ambas, actuando como intermediario".