La Municipalidad de Lo Prado acordó oficiar a los parlamentarios del Distrito 9 para advertir sobre los efectos que podría generar el artículo 12 del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social, iniciativa que contempla la exención total del impuesto territorial.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria N°13 del Concejo Municipal, realizada el pasado 5 de mayo, luego de lo analizado previamente en la comisión de Administración y Finanzas del municipio.

Según expuso la administración comunal, la principal preocupación radica en el eventual impacto que tendría la eliminación de las contribuciones sobre el Fondo Común Municipal (FCM), principal mecanismo de redistribución de recursos entre comunas del país.

El proyecto fue ingresado al Congreso el pasado 22 de abril de 2026 y forma parte de la denominada megarreforma impulsada por el gobierno.

De acuerdo con el municipio, una caída en la recaudación del FCM podría afectar especialmente a comunas con menores ingresos propios, como Lo Prado.

El alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, cuestionó que la medida beneficie directamente a los sectores más vulnerables de la comuna.

“Aquí hay que poner los datos sobre la mesa. En Lo Prado, solo el 3% de las personas mayores de 65 años paga contribuciones. Por lo tanto, estamos hablando de una política que no está focalizada en los sectores más vulnerables”, afirmó.

La autoridad comunal agregó que la iniciativa “sí puede tener un efecto muy negativo en el financiamiento de los municipios y, en consecuencia, en los servicios que reciben nuestros vecinos”.

El acuerdo del Concejo Municipal fue aprobado por mayoría, con seis votos a favor y dos en contra.

Además, Ríos advirtió que una eventual disminución de recursos podría repercutir en áreas sensibles para la comuna. “Una caída en los recursos del Fondo Común Municipal impactaría directamente en áreas como seguridad, mantención urbana y programas sociales”, sostuvo.

Desde el municipio señalaron que Lo Prado se convertirá en la primera comuna en formalizar esta advertencia a nivel legislativo, buscando abrir el debate respecto de las consecuencias territoriales de la propuesta.