Los dilemas del gobierno ante la huelga de hambre y la presión de los camioneros

El ministro del Interior, Víctor Pérez. Foto: Sebastián Beltrán Gaete.

Ejecutivo apuesta a que Celestino Córdova deponga la huelga para no tener que alimentarlo forzosamente, lo que -temen en La Moneda- podría recrudecer el ambiente. Justicia ha intensificado los diálogos para ese objetivo, mientras Piñera hizo un gesto ayer a los camioneros.




“Tiene que proteger su vida y no dejarse morir. Yo, desde aquí, le digo machi, colega, por favor, le ruego que medite esta situación y que no dañe su salud, que no dañe su vida. Le ruego que deje la huelga de hambre y que podemos dialogar”. Ese fue el sentido mensaje que le envió ayer el ministro de Salud, Enrique Paris, a Celestino Córdova, quien lleva más de cien días en huelga de hambre.

Las declaraciones del secretario de Estado dan cuenta de la preocupación que existe al interior del gobierno por la huelga que mantiene Córdova -condenado por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay-, ya que si su salud se agrava, el Ejecutivo tendrá que intervenir para alimentarlo de manera forzada.

En La Moneda reconocen que es, precisamente, ese escenario el que quieren evitar a toda costa. Una intervención en ese sentido -dicen en el gobierno- podría terminar recrudeciendo el ambiente con los comuneros mapuches en huelga de hambre. Incluso, en el Ejecutivo temen que, en esas circunstancias, también aumenten los hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas, una situación que tiene a La Moneda complicada por dos lados: la huelga de hambre y, a la vez, la presión de los camioneros por los ataques incendiarios que han sufrido.

En este contexto, en Palacio advierten que deben actuar con inteligencia. Y para eso tienen varias alternativas sobre la mesa con las que sigue negociando el Ministerio de Justicia.

En ese sentido, en La Moneda sostienen que la apuesta es lograr que Córdova deponga su huelga de hambre. Para eso, justicia ha intensificado las tratativas con el entorno del machi y con él mismo. Esa cartera, además, ha estado monitoreando junto al Minsal permanentemente cómo avanza su estado de salud.

El Presidente Sebastián Piñera, además, ha conversado del tema con los ministros del comité político. Y ayer se refirió particularmente a las huelgas de hambre. “Estamos haciendo y vamos a hacer todo lo que sea necesario para proteger la vida de las personas que están en huelga de hambre, y lo vamos a hacer siempre respetando nuestras leyes, respetando los tratados internacionales que hemos firmado y respetando nuestro estado de derecho”, dijo el Mandatario durante una actividad en la que firmó el proyecto “Juan Barrios”, que endurece las penas por quema de camiones y otro tipo de vehículos, una demanda de ese gremio que se planteó al ministro del Interior, Víctor Pérez, el lunes pasado, mismo día en que una de las agrupaciones de camioneros lanzó un ultimátum a La Moneda para que se acaben ese tipo de hechos.

En Palacio, en todo caso, ya están preparados para el escenario de que Córdova no deponga su huelga de hambre. Así, a través de Gendarmería, Justicia presentó recursos de protección para poder, en caso de ser necesario, intervenir y alimentar forzosamente al machi.

En el gobierno reconocen que este es un tema complejo, porque es debatible y se pone en jaque -dicen- el deber del Estado de proteger la vida de las personas versus el derecho a realizar una huelga de hambre.

De todas formas, creen que hay margen para que Córdova baje su huelga por dos razones: el fallo de la justicia que rechazó su recurso de amparo (ver nota relacionada) y, en segundo lugar, porque han ido avanzando los diálogos con él.

Previo a presentar los recursos, el gobierno realizó una recopilación de antecedentes y también miró el comportamiento de otros países para ver la experiencia comparada respecto de la huelga de hambre. Sobre esto se refirió ayer el vocero de gobierno, Jaime Bellolio. Junto con reconocer que hay preocupación, insistió en que tienen los recursos de protección listos para ser usados en caso de ser necesarios.

“Tenemos un principio, que es que vamos a defender la vida siempre. Por eso hemos presentado los recursos que puedan implicar, inclusive, una alimentación forzosa”, manifestó el ministro. Y agregó: “Nosotros tenemos toda la disposición de dialogar de manera que pueda deponer esa huelga de hambre con una doble limitación. Primero, el estado de derecho, y el tribunal ya ha fallado en ese sentido. Y, segundo, en la igualdad ante la ley. Por lo tanto, se está viendo qué tipos de beneficios carcelarios se pueden acceder de manera que él pueda deponer esa huelga”.

En Palacio, además, dicen que en medio del recrudecimiento de los hechos en La Araucanía y la huelga de hambre que se extiende por más de tres meses, han hecho “esfuerzos” por cumplir mejor con lo que plantea el Convenio 169 de la OIT, y que para eso, el mes pasado Justicia emanó una resolución y, asimismo, modificaron el reglamento de Gendarmería.

Señal a los camioneros

De manera paralela, el gobierno sigue lidiando con el flanco que se abrió con los camioneros en medio del conflicto en La Araucanía.

En este escenario, junto con firmar ayer el proyecto que endurece las penas por quema de camiones, Piñera anunció la entrega de una pensión a la viuda de Juan Barrios, el chofer en el que se inspiró el nombre del proyecto de ley.

El Presidente Piñera presentó ayer el proyecto que endurece las penas por quema de camiones.

Además, el Jefe de Estado hizo un llamado al Parlamento a aprobar rápidamente los proyectos pendientes en materia de seguridad. “Todas estas leyes llevan meses en el Congreso. Se acabó el tiempo, las necesitamos ahora. Por eso, quiero pedirles a todos los parlamentarios que hagamos un esfuerzo especial y escuchemos la voz de la gente que nos pide con angustia y, a veces, con desesperación, que el Estado sea capaz de darle más seguridad”, dijo.

Por su parte, el ministro Pérez continuó ayer sus reuniones con gremios de camioneros para abordar sus demandas, mientras que desde su partido, la UDI, propusieron -en una carta dirigida al ministro de Justicia, Hernán Larraín- que se establezcan centros penitenciarios especiales para presos que son parte de pueblos originarios. Esto, apuntando también a parte de lo que se establece en el Convenio 169 de la OIT.

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