Bajo el marco del Plan de Recuperación de Espacios Públicos, instancia propiciada en marzo de 2022 por el gobierno, que consiste en la rehabilitación de distintos espacios en la región, se encuentra la reapertura de la Estación Baquedano del Metro y que diariamente convoca a cerca de 21 mil personas.

La zona, polémica por los sucesos asociados a las manifestaciones vinculadas al estallido social y que derivó, entre otras cosas, en el retiro de la estatua del general Baquedano, también ha dado paso a que algunos grupos de la sociedad civil aboguen para que el lugar denominado como ‘Jardín de la resistencia’ -plaza hundida en uno de los accesos al Metro que se ha mantenido cerrada hasta hoy- sea conservado como espacio de memoria, mientras otros rechazan la idea.

Pero, asimismo, desde el gobierno han impulsado la idea de, además de reabrir ese acceso al Metro, se mantenga un espacio de memoria. “Es posible, es necesario y es imprescindible que la memoria, que también el concepto de futuro, nos una y seamos capaces de entender que este es un lugar que es histórico y que merece un estándar histórico”, señaló, por ejemplo, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, el lunes pasado, en el marco del inicio de las obras para la reapertura. Y añadió: “Este espacio pretende también reconocer eso y ser un espacio de memoria y ser un espacio de encuentro, ser un espacio transversal, y por eso creo que es importante que pongamos el foco en aquellas cosas que nos unen como país”.

Pero no fue la única autoridad en alzar la voz en ese sentido. El subsecretario de Derechos Humanos (DD.HH.), Xavier Altamirano, señaló que el lugar “es y seguirá siendo un espacio de memoria”, así como que “lo importante es que a contar de ahora haremos un trabajo participativo para que sea un espacio de memoria abierto a todo Chile y que permanezca para todo Chile (...) Aquí se ha hecho un trabajo con la delegación, con Metro Santiago, con la subsecretaría y también con los municipios para que podamos tener de ahora en adelante un trabajo con las agrupaciones, las organizaciones, con los familiares de víctimas que permita que tengamos ese espacio que Chile y Santiago se merecen en este lugar tan especial de la capital”.

Justamente, impulsado por la subsecretaría que lidera Altamirano se iniciaron durante el lunes de la semana pasada las primeras etapas para la reconfiguración de la zona, la que esperan concluya con su reapertura. Hoy, según detallan conocedores del proceso, se encuentran coordinando el retiro de objetos y plantas del lugar para que el proceso de cierre perimetral para llevar a cabo los trabajos pueda realizarse adecuadamente.

Pero ¿qué camino se debe recorrer para que este espacio pueda ser definido como uno de memoria? El camino, desde ya, se vislumbra largo y sus plazos inciertos.

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) explica que las vías para consagrar los “espacios de memoria” son a través de la declaración de un sitio como Monumento Histórico (MH) o la autorización de instalación de un Monumento Público (MP), los cuales tienen procesos completamente diferentes.

Hasta el momento, el CMN asegura a La Tercera que “no ha ingresado requerimiento alguno a este respecto”, por lo que no se encuentra en tabla de discusión.

De hecho, desde la subsecretaría reseñan que estas primeras labores solo contemplan las instalaciones de faenas, la realización de un inventario y, según explican, “el retiro de elementos simbólicos que sean factibles”. Esto, agregan, además de un registro audiovisual “que documente las características de este lugar antes de ser intervenido”.

Otros cambios, como la demolición de la escalera de acceso, se tienen contemplados para definir “la opción de diseño final que permita su reconstrucción como tal”, y una vez que estos sean concluidos “podremos iniciar junto con Metro el proceso participativo para el diseño del nuevo espacio para la ciudad”. En ese sentido, las estimaciones señalan que los trabajos para la reapertura -sin incluir al memorial- estarán terminados a fines de 2023.

Al tratarse de un espacio que combina terrenos públicos y del Metro, varios han sido los actores involucrados. A los ya mencionados subsecretario de DD.HH., delegada presidencial y Metro, se han sumado al debate el gobernador regional, Claudio Orrego, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien en el día de inicio de obras de la Estación Baquedano aseguró que por parte de la comuna que lidera “vamos a pedir que en el memorial se recuerde todo, también la destrucción de nuestros espacios públicos, las bombas molotov contra Carabineros y básicamente cómo la violencia nos hace mal a todos. Eso es parte de la memoria también”.

Pero, independiente de la decisión que se lleve a cabo para la preservación o intervención del espacio de memoria, la Ley 17.288 sobre monumentos nacionales estipula que “no podrán iniciarse trabajos para construir monumentos o para colocar objetos de carácter conmemorativo sin que previamente el interesado presente los planos y bocetos de la obra en proyecto al Consejo de Monumentos Nacionales, y sólo podrán realizarse estos trabajos una vez aprobados”.

Inclusive, si se realiza esta acción sin el permiso correspondiente se puede enfrentar a una multa de cinco a 50 Unidades Tributarias Mensuales, “sin perjuicio de ordenarse la paralización de las obras”.

En detalle, en el caso de realizar la solicitud, para la categoría de Monumento Histórico, se debe enviar una carta o formulario del solicitante, la que puede ser impulsada por “cualquier persona o institución, ya sea pública o privada”. Esta debe ser respaldada con documentación, tal como los antecedentes históricos, territoriales, indicación del rol de avalúo fiscal, planos e incluso la opinión del propietario del sitio, sobre si este debe ser declarado como MH. Este terreno exterior, precisan desde Metro, es público. Este es terreno gris aún, puesto que algunos dicen que Metro no puede desentenderse, que parte del posible sitio de memoria también les compete.

Una vez enviada la solicitud, estos antecedentes son entregados a revisión por la Secretaría Técnica del CMN para posteriormente pasar a la comisión donde el consejo analiza los antecedentes e incluso puede escuchar a actores que defienden o deslegitimen la idea. Finalmente, pasa a una sesión ordinaria, que aprueba, rechaza o pide subsanación, proceso que, según Cecilia García, una de las integrantes del consejo, “son varios meses; toma su tiempo, depende absolutamente del expediente que se presente”.

Si se aprueba la moción, el decreto debe ser firmado por el Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de turno, para que sea finalmente publicado en el Diario Oficial. Un ejemplo de caso exitoso de declaración es el excentro de detención en las Rocas de Santo Domingo, donde la presidenta de la Fundación por la Memoria San Antonio, Ana Becerra, comenta que empezó la solicitud a inicios del 2014 y se publicó en el diario oficial el primero de septiembre del 2015.

Asimismo, si la solicitud involucra un objeto conmemorativo como una estatua, busto o plinto, se debe solicitar la “autorización para instalación de monumento público, la cual se puede realizar vía digital en el sitio web del CMN, que tampoco tiene plazos establecidos.