La comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados sesionó este lunes para continuar el estudio del proyecto que crea el registro de actos vandálicos e incivilidades.

La instancia que preside el republicano Cristián Araya invitó para esta sesión al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y al titular de Seguridad Pública, Martín Arrau.

El ministro Alvarado expuso sobre los alcances del proyecto y realizó algunas precisiones sobre sus planteamientos.

La autoridad de gobierno planteó que con esta iniciativa “el acceso a los beneficios financiados con recursos públicos o a determinados trámites administrativos queda vinculado al cumplimiento de normas básicas de convivencia”.

“Respecto a la proporcionalidad, podemos señalar que la inscripción en el registro es una pena distinta y complementaria a la pena principal de cada delito. El criterio de proporcionalidad opera precisamente sobre esta pena de inscripción. Los actos vandálicos que corresponden a crímenes o simples delitos permanecen cinco años en el registro y las incivilidades que son faltas permanecen tan sólo un año. Pero la norma considera que la reincidencia aumenta ese plazo y sólo los casos más graves activan el régimen agravado", precisó.

Alvarado, además, recalcó que “la norma establece que se aplica por igual a todas las personas que se encuentren en la misma hipótesis legal con independencia de su situación económica”.

Por su parte, el ministro Arrau hizo hincapié en que la propuesta del gobierno busca “hacerse cargo de algo en lo que el Estado está al debe, como son el vandalismo y las incivilidades”.

“Este proyecto es preventivo, no afecta el principio de proporcionalidad, distingue entre incivilidades menores y delitos graves, gradúa las consecuencias y no es un registro de sospechosos, sino que de condenados, de culpables. El registro exige para su inscripción una sentencia firme y ejecutoriada”, precisó.

La autoridad de Seguridad enfatizó que “no hay inscripción sin pronunciamiento judicial definitivo” y que el proyecto “no es un instrumento policial ni administrativo discrecional”.

En esa línea, indicó que “el registro se cancela de oficio y no es un estigma perpetuo” y que el acceso público será restringido, por lo que cualquier persona podría consultar si un tercero está inscrito, pero no puede acceder al contenido de la inscripción.

“Este mensaje se inspira en algo bastante sencillo. Quien destruye lo que es de todos no puede simultáneamente ser beneficiario de esos mismos recursos públicos que el resto paga. Es un principio de coherencia, no de venganza. Es administración responsable del Estado, no punición desmedida. Las medidas más gravosas, suspensión de gratuidad y PGU, aplican exclusivamente a 14 delitos de máxima gravedad. Homicidio de carabineros, tráfico de droga, incendio calificado, en fin. Nadie pierde su gratuidad por evasión del transporte ni por un rayado, como se ha dicho”, alegó.

Arrau dijo que este debate debe darse “de cara a la opinión pública” y aseguró que en el Ejecutivo están disponibles para, “dentro de la tramitación, hacer todas las mejoras que sean necesarias”.