El Ministerio de Vivienda y Urbanismo divulgó una declaración pública este jueves dando a conocer que ha “decidido interponer recursos de protección y acciones civiles con el objetivo de restablecer el derecho vulnerado de cientos de familias damnificadas de El Olivar en Viña del Mar”.

La cartera sostiene que estas familias “han sido víctimas de una reconstrucción fracasada y de una constructora que no cumplió con el deber de construir viviendas seguras”.

Esto, en medio de la pugna con la Constructora San Sebastián por la demolición de viviendas construidas tras el megaincendio de febrero de 2024.

La cartera que encabeza Iván Poduje acusa una serie de fallas estructurales en las obras que ejecutó la empresa.

El Minvu señaló en su declaración que los propietarios de las viviendas “manifestaron expresamente su decisión de poner término a los contratos con la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la constructora San Sebastián”.

En marzo, el Minvu se querelló contra esas entidades por delitos de estafa agravada, uso malicioso de instrumento falso, fraude al fisco, coacción, amenazas y tráfico de influencias, cuasidelito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural y obtención fraudulenta de prestaciones estatales en relación con contratos por 709.143,09 UF de patrimonio fiscal.

El Minvu explica que “la decisión de las familias de terminar ambas relaciones contractuales y aceptar la propuesta de Serviu Valparaíso, fue tomada tras informarse de las graves deficiencias estructurales y a los incumplimientos de la normativa sísmica y de resistencia al fuego detectados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Minvu (Ditec) y el Idiem de la Universidad de Chile”.

“Estas familias no pueden avanzar con el proceso de reconstrucción por las acciones judiciales interpuestas por la constructora y un grupo minoritario de vecinos que afecta no solo a las 140 viviendas que contaban con diversos porcentajes de avance y autorización de demolición, sino que también afecta a 187 donde no existe aún ningún trabajo de inicio de obras”, señalaron.

Las acciones judiciales que anunció la cartera apuntan a “que se respete el derecho y la voluntad de las familias propietarias que exigieron no seguir retrasando el proceso de reconstrucción de sus viviendas”.