Poduje apunta a desalojos y defiende rebajar precio por expropiación de terrenos en megatoma de San Antonio
Asimismo, el ministro Poduje pretende iniciar una investigación sobre el diseño y la logística en la que se armó la toma en el Cerro Centinela.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, declaró en conversación con La Tercera que su cartera retrocederá en tres proyectos impulsados por la administración del expresidente Gabriel Boric, producto de su comprometido presupuesto, además de buscar, en conjunto con la ofensiva del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la recuperación de un porcentaje de lo que el Estado pagó por la expropiación de la megatoma en San Antonio.
“Consideramos que se pagó mucha plata”, afirmó Poduje. El dinero destinado a la expropiación de la toma más grande de Chile en el Cerro Centinela se ejecutó a finales del pasado diciembre por $11 mil millones.
El jefe de cartera sostuvo que “ese terreno, en las condiciones en que está, sin factibilidad sanitaria, de escasa infraestructura, sin urbanización, no puede costar los $11 mil millones que se pagaron. Y estamos muy de acuerdo en que el CDE busque que se aplique una reducción del pago a $4 mil millones”.
Esto, en torno al escrito que presentó en marzo el Consejo en el Juzgado de Letras de San Antonio, para bajar en $6.759 millones el pago por la expropiación, cuestionando la tasación de peritos del Gobierno anterior.
La autoridad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) agregó que también busca iniciar una investigación para determinar quiénes organizaron la toma.
“Esta toma fue diseñada, acá hay profesionales que trabajaron, hubo camiones, logística. ¿Por qué el propietario permitió esto? ¿Por qué no lo paralizó a tiempo? Todo eso tenemos que investigarlo”, planteó.
Poduje recalcó que, como ya se expropió ese terreno, “lo mínimo” que pueden hacer es que “ahí se pongan las familias que estaban antes en la fila en San Antonio”.
Por lo mismo, subrayó que eso implicaría sacar a las familias que están en ese lugar actualmente. “Si esas familias están después de la fila, se tienen que ir, obviamente. Esas casas no tienen permiso, son todas ilegales. Tenemos que volver a imponer condiciones básicas de urbanidad, de respeto por la ley, por las normas, que se han perdido totalmente. Esta es una ciudad informal que creció sin ningún tipo de control. Además, son cinco las tomas. Estamos hablando de dos solamente”, indicó.
“Tengo a miles de personas que están haciendo la fila, hacinadas, pagando arriendos carísimos, que miran cómo el gobierno prioriza a la gente que toma terreno y no a la gente que hace la fila”, sumó al respecto.
Al ser consultado sobre que en el plan original se contemplaba impulsar un proyecto habitacional para las familias que vivían ahí, Poduje contestó: “Son dos terrenos distintos. Uno que vamos a desalojar como ordene la justicia. Y otro que se expropió”.
“En el que se expropió no hay ningún plan. Hay promesas electorales, o políticas, que no tienen fundamento ni apego a la realidad. Son casas con terrenos de 500 metros cuadrados, cuando se están entregando a familias que postulan terrenos de 100 metros. No puedo permitir eso por justicia, por equidad”.
Siguiendo esa línea, recalcó que no tiene interés en darle prioridad a personas que se tomaron un terreno hace siete años en desmedro de quienes están esperando vivienda hace 10 años y sin participar de tomas. “Vamos a hacer un plan de urbanización, pero que considere la prelación, que es el orden de prioridad que tenían las familias para postular”, añadió.
De todas formas, el ministro comentó que no han calculado cuántas personas deberían salir de ese terreno.
En torno al estado presupuestario de la cartera, el secretario de Estado manifestó que les traspasaron una deuda que “equivale a casi todo un presupuesto completo”, y detalló que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) porta un 97% de deudas de arrastre, sumado al recorte de 3% efectuado por Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, a todas las secretarías de estado.
Es en este tono que, las otras tres iniciativas emblemáticas con las que va a realizar marcha atrás son Colonia Dignidad, el Club Hípico de Punta Arenas y la Ciclovía en la Alameda. “Solamente se puede reducir nuestro presupuesto por la vía de proyectos que son faraónicos, que no se justifican, que son muy caros o extremadamente complejos”, explicó.
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