Un encuentro de aproximadamente 20 minutos entre la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y representantes de la Agrupación Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado, abrió un pequeño flanco en el diseño que ha instaurado la ministra en el máximo tribunal para su periodo al mando de la presidencia.

Tal como lo ha dicho Chevesich, en intervenciones públicas y entrevistas, durante su presidencia aplica la política de “puertas abiertas”. Eso se ha traducido literalmente en que ha pedido trabajar con la puerta de su oficina siempre abierta. Pero su criterio también apunta a su agenda pública. Chevesich no solo recibe a autoridades o funcionarios del Poder Judicial, sino que también ha pedido que esa apertura se extienda a las agrupaciones sin importar su posición.

Fue bajo esa definición, según fuentes judiciales, que Chevesich decidió aceptar la audiencia que le requirieron familiares de uniformados condenados por delitos en dictadura y que se materializó este lunes 20 de abril en su despacho.

La reunión no solo se publicó, al igual que todos los encuentros de Chevesich, en su agenda pública, sino que además la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial publicó en redes sociales un video -al igual que se hace con todo tipo de reunión o acto de la presidenta- con el encuentro que rápidamente se llenó de críticas y cuestionamientos en X e Instagram. La mayoría de los reparos apuntaban a la vocera de la agrupación, Jeannette Reyes, esposa de Julio Castañer, comandante del Regimiento Dragones de Punta Arenas, quien fue condenado como autor en el caso Quemados.

El militar fue declarado culpable del homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y del homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura. Por lo mismo, algunos jueces, agrupaciones de derechos humanos y abogados que siguen este tipo de casos no ocultaron su molestia.

También causó ruido el hecho de que la agrupación, en el pasado, ha sido abiertamente crítica contra las resoluciones judiciales. En una declaración de septiembre de 2018 lanzaron reproches a la judicatura: “Nos exigen verdad cuando nuestros padres son condenados sin pruebas, sino que en base a presunciones”.

Pese a ello, desde el Poder Judicial afirman que Chevesich recibirá a todos los que quieran audiencia, independiente de la posición que tengan. En medio de las evaluaciones realizadas, no vieron inconveniente en que recibiera a un grupo de familiares de personas que están presas.

Desde tribunales, además, transmiten que la agenda de la ministra es pública y que ahí se puede advertir que la política de “puertas abiertas” es real. Asimismo, recuerdan que esta no es la primera vez que el presidente de la Suprema recibe a una agrupación ligada a condenados por crímenes de lesa humanidad. En 2022, por ejemplo, el entonces presidente Juan Eduardo Fuentes recibió a la presidenta de la Fundación Verdad y Justicia para Presos Políticos Militares, que era María Loreto Iturriaga. La dirigenta es hija de Raúl Iturriaga Neumann, condenado a más de 500 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad en dictadura.

Los reproches

Consultado sobre el encuentro, Yuri Santander, abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos que ha llevado la representación de Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas de Negri, expresó su molestia.

“No es éticamente sostenible, y aunque no haya una prohibición expresa de que existan esas organizaciones de familiares de criminales de lesa humanidad, jurídicamente no es parte de las obligaciones ni deberes de los tribunales de justicia”, sostuvo.

El abogado agregó que es paradojal que existan agrupaciones que defienden a sujetos que “hicieron todo lo posible por aplastar los derechos de libertad de asociación y de opinión, entre otros, a sangre y fuego, como en el caso de Rodrigo Rojas de Negri”.

Agregó, en el mismo sentido, que “el rol de las cortes en estos casos, es impedir justamente la apología de delitos de lesa humanidad o restringir la organización destinada a promover su repetición, ya que se corre el peligro de transitar desde la defensa simbólica de los victimarios a ideas como la amnistía o los indultos, lo que necesariamente entrar en conflicto directo con obligaciones internacionales adoptadas por Chile ante el derecho y la comunidad internacional".

Por su parte, Francisco Bustos, abogado que representa causas de derechos humanos, también su sumó a los cuestionamientos. “Me parece adecuado que el Poder Judicial y su presidenta tengan una política de escuchar y atender a personas y organizaciones, con igualdad de trato. Lo llamativo aquí es el contenido del video, y sobre todo, por este eufemismo de ser ‘prisioneros del pasado’”, dice Bustos.

“Julio Castañer está condenado como autor, por haber quemado vivas a dos personas, a 20 años de presidio y en este caso además, todavía hay un prófugo: Iván Figueroa Canobra, exoficial, condenado a 20 años por el mismo crimen”, complementó el abogado.