El asalto que afectó el miércoles al Regimiento N.° 2 Maipo tuvo un antecedente días antes, que hoy está siendo analizado por la Fiscalía.

Era la madrugada del sábado 31 de mayo cuando un grupo de sujetos intentó ingresar al regimiento, ubicado en Avenida Gran Bretaña, por los inmuebles colindantes con fines desconocidos. Los vecinos que habitan las casas del sector se percataron del hecho y frustraron la intención de los sujetos. Además, los residentes del sector llamaron a Carabineros para dar cuenta del hecho.

Pese a que no se concretó ni el ingreso al recinto militar ni algún tipo de robo, el fiscal Sergio Moya se encuentra investigando la presunta relación de ese hecho con el asalto de esta semana, donde al menos 10 hombres ingresaron a ese regimiento, agredieron a dos conscriptos centinelas y se llevaron dos fusiles de guerra con sus respectivas municiones.

Moya esta mañana se refirió a ese episodio. “A finales de mayo hubo un intento de ingreso y podría tratarse de la misma banda. Porque claramente es una banda organizada que fue directamente al armamento. Es un lugar que tiene deficiencia de protección. En esa oportunidad vecinos del sector fueron quienes amagaron este intento de acceso. Tenemos antecedentes que nos permiten concluir que se trata de la misma agrupación”.

Esas deficiencias a las que se refiere el persecutor son justamente los inmuebles que colindan con el regimiento, esto es casas y una iglesia que están separadas por panderetas. Por allí habrían ingresado los sujetos del miércoles. “Lamentablemente la iglesia que se encuentra al posterior no se encuentra debidamente resguardada. De hecho, hay bastantes escombros ahí”, agregó.

Esos mismos desperfectos de seguridad son los que consideró la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, para citar a los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. “Nos preocupa y creemos que hay que poner muchísima más atención a la custodia, sobre todo de un recinto militar”, dijo el miércoles.

Los dos conscriptos que estaban de guardia fueron recluidos y derivados a Santiago por orden de la Fiscalía Militar.

Otros casos

Lo sucedido esta semana se suma a otro hecho ocurrido en la misma región, pero en otra rama castrense. El jueves 27 de febrero, también de madrugada, desconocidos entraron al Centro de Entrenamiento del Fuerte Aguayo de la Armada, en Concón, y robaron fusiles, cascos y municiones.

12 días después los fusiles fueron encontrados enterrados en un sector de Camino La Pólvora, en el sector sur de Valparaíso. Por esos días, dos sujetos fueron detenidos.

En la misma región, pero en Viña del Mar, en 2023 ocurrió un hecho similar. El 17 de julio de ese año, a las 5.15, cuatro sujetos asaltaron el fundo Naval Las Salinas y quitaron los fusiles M-16 a dos funcionarios, a quienes, además, golpearon.

Pero no todos los hechos han ocurrido de madrugada. El 11 de agosto de 2024 un violento hecho se produjo en Colchane, Región de Tarapacá. A eso de las 20.30 dos inmigrantes irregulares ingresaron a territorio nacional y atacaron a un militar del Ejército que se encontraba en el Puesto de Observación Fronteriza (POF) “Prieto 2″, en el sector de Bofedales.

Eso sí, el armamento fue encontrado el mismo día en una zona cercana.

Pero el robo más grande a un recinto militar de los últimos años se produjo en Santiago. Ocurrió el 21 de marzo de 2022 en el Instituto de Investigación y Control del Ejército (IDIC), desde donde asaltantes burlaron los controles, sin usar escalamiento ni fuerza, y se llevaron 78 armas cortas.

Un exmilitar de 70 años fue detenido por estos hechos. Fue formalizado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de tráfico ilícito de armas y robo en lugar no habitado. Fue condenado en juicio abreviado. No fue el único. La Fiscalía estableció que el hecho fue concebido desde el interior de Colina 2 y participaron dos reos y una mujer pareja de uno de estos.

Finalmente, el fiscal Moya dijo que el asalto al Fuerte Aguayo tenía características “muy similares” al ocurrido en el Regimiento Maipo. De hecho, designó al mismo equipo de trabajo. “Son robos por encargo con la finalidad de comercializarlos en el mercado negro”, afirmó.