Opinión

Amenaza a la paz en Colombia

Iván Márquez sostiene una rosa durante el cierre de un congreso de las FARC, en septiembre de 2017.

"Estamos convencidos que el destino de Colombia no puede ser la guerra", declaraba en 2016 Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", número dos de las FARC y el elegido para liderar las conversaciones de paz con el gobierno colombiano, que se llevaron a cabo durante cerca de cuatro años y que pusieron fin a más de 50 años de conflicto en Colombia. Sin embargo, el 29 de agosto pasado, luego de meses de permanecer oculto, el hombre que se había comprometido a "trabajar a conciencia para buscar una solución pacífica al conflicto", terminó traicionando sus propios compromisos y le dio el más duro golpe que ha recibido hasta ahora el proceso de paz iniciado hace casi una década en ese país. Rodeado de una veintena de insurgentes, entre los cuales se encontraba Seuxis Hernández Soliarte, alias "Jesus Santich"-requerido por la justicia estadounidense por narcotráfico-, Márquez sorpresivamente anunció, a través de un video, "el inicio de una nueva etapa de la lucha armada".

El pacto alcanzado hace tres años en Colombia fue un paso histórico para poner fin a un conflicto que cobró más de 250 mil muertos y que se extendió por cinco décadas. No cabe duda que los compromisos firmados -más allá de las falencias que todo proceso de ese tipo conlleva- permitieron iniciar una nueva etapa en la historia de ese país. Hoy, el regreso al pasado no es una opción para los colombianos. Por ello, lo que revela la decisión de Márquez y sus secuaces no es más que una prueba de su falta de compromiso democrático y su intento por eludir sus propias responsabilidades ante la justicia. Con su actuación, al contrario de lo que sostiene en su declaración, es él y no el Estado colombiano el que "traiciona los acuerdos de paz de La Habana". Más allá de las diferencias que el actual Presidente colombiano tiene con parte de lo acordado, el proceso ha venido avanzando dentro de los márgenes propios de la institucionalidad democrática y corresponde que sea en dicho terreno donde se trabaje por consolidar la paz. El retorno a las armas no es ni nunca ha sido una opción.

En su declaración, Márquez sostiene que "su lucha continúa" porque las FARC nunca fueron "vencidas ni derrotadas ideológicamente". Pero en los hechos no solo el inicio de las negociaciones con el gobierno colombiano fue una prueba clara de su derrota militar sino que sus resultados en las primeras elecciones democráticas en las que participaron como partido político -menos de un 0,5% de los votos en el Senado y apenas un 0,22% en la Cámara de Diputados- evidenciaron su desconexión con la ciudadanía. Por ello, lo anunciado el 29 de agosto está lejos de representar el regreso al pasado o el inicio de una rearticulación de las FARC. Hoy cerca del 80% de los ex miembros de esa guerrilla siguen comprometidos con el proceso de paz y así también lo han dejado claro en los últimos días varios de sus principales dirigentes.

Con todo, no puede obviarse la gravedad de lo sucedido y exige tanto a las autoridades de gobierno como a los exinsurgentes comprometidos con la paz a actuar con unidad y en forma responsable. Solo así será posible consolidar el camino iniciado hace tres años y aislar a quienes como Márquez intentan boicotearlo.

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