SEÑOR DIRECTOR:
De acuerdo con el informe “Education at a Glance 2024″ de la OCDE, en Chile quienes cursaron educación terciaria o superior tienen, en promedio, ingresos un 161% mayores que aquellos que sólo completaron la educación secundaria, una proporción superior a la del conjunto de los países que integran esa organización internacional, que es del 56%. Esto demuestra que la educación superior produce una fuerte movilidad social y un aumento significativo en los recursos económicos de las personas.
Hoy, el país debate sobre el financiamiento de la educación superior, centrado en dos instrumentos clave: la gratuidad y el CAE. No obstante, más allá de los aspectos económicos -claramente expuestos en el informe de la OCDE-, es fundamental enfocar la discusión en un principio esencial para la vida en sociedad: el bien común.
La reflexión que debemos hacer es sobre valores comunitarios, como diría el filósofo Michel Sandel, y, justamente, sobre el bien común. La democracia implica debatir sobre los valores que queremos compartir en conjunto como sociedad. ¿No parece de un individualismo extremo que quien se beneficia del CAE no lo pague una vez que ya es profesional y tiene cómo hacerlo, o que quien tiene gratuidad no asuma ninguna obligación hacia la sociedad? Si una comunidad entrega gratuitamente un bien público a una persona, parece de justicia que ésta debería adoptar una actitud de responsabilidad y gratitud hacia quienes lo hicieron posible.
En una sociedad democrática, los ciudadanos tienen derechos legítimos a acceder a ciertos bienes públicos, recibir un beneficio significativo, pero como contrapartida debe surgir un sentido de responsabilidad o deber hacia la comunidad. Este deber puede ser o no un mandato legal, pero es claramente una norma moral que fomenta la reciprocidad, la solidaridad y el compromiso con el bien común. Ninguno de estos temas los he visto en la discusión actual.
Rafael Rosell Aiquel
Rector
Universidad del Alba
