Chile mantiene uno de sus mayores desafíos sociales: permitir que cientos de miles de familias accedan a una vivienda digna. Las tomas, megatomas, campamentos y desalojos han puesto de manifiesto la magnitud del déficit habitacional y las limitaciones de un Estado que, por sí solo, no dispone de la capacidad financiera ni administrativa para resolverlo.

Según el Ministerio de Vivienda, el déficit cuantitativo alcanza cerca de 492.000 viviendas. Además, más de 1,2 millones de hogares requieren ampliaciones o mejoramientos y más de 70.000 familias viven en campamentos. Aunque el Plan de Emergencia Habitacional ha permitido avances, la magnitud del problema exige una solución de otra escala. Chile debiera proponerse construir 100.000 viviendas por año y completar 500.000 soluciones entre 2026 y 2030.

La forma más eficaz de lograrlo es adaptar la vivienda social al modelo de concesiones que transformó la infraestructura del país. El Estado aportaría los terrenos y la urbanización, mientras empresas privadas diseñarían, financiarían, construirían, administrarían y mantendrían los conjuntos habitacionales durante veinte años.

Las familias accederían mediante contratos de arriendo con compromiso de compra, con pagos automáticos por planilla, transferencias u otros mecanismos. Al finalizar el contrato, la vivienda pasaría a ser de su propiedad.

Los proyectos considerarían principalmente departamentos y viviendas industrializadas, incorporando áreas verdes, seguridad, conectividad digital, transporte y mantención profesional permanente, todo exigido contractualmente. Así se evitaría el deterioro que hoy afecta a numerosos conjuntos habitacionales pocos años después de su entrega.

Un elemento clave sería que el Estado garantizara íntegramente el pago de los arriendos a las concesionarias, recuperando posteriormente el copago correspondiente de cada familia. Esta garantía reduciría sustancialmente el riesgo financiero y permitiría atraer bancos, compañías de seguros, fondos de inversión y otros inversionistas institucionales interesados en activos de largo plazo.

Construir 100.000 viviendas anuales requeriría una inversión cercana a US$6.500 millones por año, de los cuales alrededor de US$5.200 millones podrían provenir del sector privado. El aporte fiscal se concentraría en terrenos, urbanización, subsidios cuando fueran necesarios y garantías.

La propuesta también podría vincularse al sistema previsional. Los trabajadores formales podrían destinar una fracción de sus cotizaciones al financiamiento de una vivienda para su jubilación. No se trataría de consumir ahorro previsional, sino de transformarlo en un activo que reduzca uno de los principales gastos de la vejez.

El impacto económico sería enorme. La construcción de 100.000 viviendas al año generaría al menos 350.000 empleos directos e indirectos y podría movilizar más de 600.000 ocupaciones al incorporar proveedores, transporte, servicios financieros, arquitectura, ingeniería, comercio y el mayor consumo asociado. Además, impulsaría la construcción industrializada, elevaría la productividad, aumentaría la formalización laboral, fortalecería el patrimonio de las familias y contribuiría al crecimiento económico.

Las familias podrían trasladarse dentro del sistema por razones laborales o familiares, conservando el valor acumulado de su opción de compra. Si la vivienda hubiera sido financiada parcialmente con cotizaciones previsionales, solo podría venderse al momento de pensionarse.

La vivienda no debe seguir considerándose únicamente un gasto social. Es inversión, empleo, patrimonio familiar, ahorro previsional y seguridad para la vejez. Si Chile fue capaz de transformar su infraestructura mediante concesiones, también puede transformar su política habitacional con ese mismo modelo. Resolver el déficit habitacional puede convertirse, al mismo tiempo, en una gran política social, económica y de desarrollo.

*El autor de la columna es ingeniero civil y comercial UC