La colaboración entre el Estado y la sociedad civil, que por años permitió llegar donde el aparato público no alcanzaba, atraviesa su peor momento. No por falta de recursos ni de voluntad, sino por algo más profundo: la pérdida de confianza. A más de dos años del Caso Convenios, hoy la sospecha se ha instalado como norma, y el miedo a equivocarse paraliza tanto o más que la falta de presupuesto.