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Ayer se realizó la segunda audiencia por el caso donde la fiscalía acusa a la excandidata a alcaldesa de Concepción por varios delitos de corrupción. Misma indagatoria donde también están imputados Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina. Todos quedaron con arresto domiciliario total.

El exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras (exmilitante de RD), enredó nuevamente al gobierno al asegurar que el 7 de junio Presidencia supo a través de un documento formal del convenio de Democracia Viva y el Minvu, lo que echa por tierra la versión del jefe de asesores de que trataba de un rumor. El abogado de Crispi ayer defendió sus dichos y dijo que está disponible a declarar en la Fiscalía.

En medio de la indagación por parte del Ministerio Público de los convenios suscritos por el Gore y fundaciones, Rodrigo Díaz (ex DC) mantiene calidad de imputado, puesto que aún se pesquisa el grado de participación que tuvo en situaciones que, según establecieron persecutores, revisten características de delitos.

El Consejo de Defensa del Estado pide que se restituya la suma total de $391.768.516. Desde la fundación afirman que “la demanda del CDE desconoce, prescinde, omite en su cálculo (...) las rendiciones de cuentas realizadas por la fundación por una cantidad total de $97.384.285 ”.

La fundación, que partió como una idea entre un psiquiatra y una profesora 13 años atrás, cerró sus puertas luego del lío de platas de Antofagasta. ¿Cómo un proyecto pequeño logró ampliarse tanto? ¿Por qué cayeron tan rápido? En el caso de ProCultura, su caída reputacional fue su sentencia de muerte.

La cartera encabezada por el abogado envió esta semana seis oficios al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicien el proceso de cierre de Kimün, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Fundación Local, Fundación En Ti, Espacio Coigüe y Fundelin. Aquello, como se determinó en el proceso de análisis, porque dichas entidades abusaron del objeto social para el cual se constituyeron.

En las próximas semanas el Ministerio Público resolverá cuál es la situación procesal del exmilitante DC. Esto, luego de que el cerco de los investigadores se fuera estrechando a su alrededor y esta semana se concretara la detención de una de sus colaboradoras de confianza, más otra funcionaria de la Gobernación Regional de Los Lagos.

La suspensión anticipada de convenios ha permitido a la cartera encabezada por Carlos Montes retener a las fundaciones involucradas varios cientos de millones, ya que las acciones emprendidas habilitaron al CDE para conseguir medidas precautorias en juzgados civiles. Desde la repartición insisten, en ese sentido, que utilizarán "todas las herramientas que nos permita la ley para recuperar los dineros".

Los arrestos de Viviana Godoy y Gloria González, realizados por personal de la PDI, corresponden a los primeros respecto de funcionarios públicos del Gobierno Regional de Los Lagos, en el marco de las indagatorias por desvíos de dineros que está investigando el ente persecutor.

"Necesitamos tener la oportunidad de explicar lo que ha ocurrido bien, porque se ha distorsionado mucho la realidad", afirmó el titular de Vivienda. Esto, en momentos en que desde la oposición analizan medidas como una acusación constitucional en su contra o interpelarlo.

Tras la entrevista que la diputada Catalina Pérez (RD) concedió a este medio, surgieron nuevas dudas respecto a la fecha en que La Moneda se enteró de las primeras denuncias en torno al caso Democracia Viva. "La primera semana de junio, cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría. Luego esto se conoce públicamente la semana siguiente", dijo la parlamentaria.

La diputada -foco del lío de platas que puso en jaque la promesa de probidad del gobierno de Gabriel Boric- afirma que se contactó con el entonces presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, y con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, para informarles de una denuncia que circulaba sobre la fundación de su hoy expareja antes de que estallara el caso públicamente el 16 de junio de este año.

Un nuevo flanco se abrió esta semana para el gobierno en el marco del denominado caso “líos de platas”. El golpe lo dio el contralor Jorge Bermúdez. Tras auditar a 15 Seremis de Vivienda y 9 gobiernos regionales decidió enviar todos los antecedentes a la Fiscalía, dando cuenta de que las irregularidades están esparcidas por todo el país.

El subsecretario del Interior afirmó que "las irregularidades se produjeron en el traspaso de recursos en el año 2021 y 2022″, respecto de las faltas y debilidades institucionales que fueron detectadas por la auditoría de Contraloría en seremías y Gores en cuanto al control de transferencias públicas hacia privados.