El ministro Jorge Quiroz hizo un llamado público a los estudiantes a “tener cuidado de endeudarse para estudiar carreras donde a lo mejor hay menos futuro”. La frase es un punto de partida para un debate necesario. El problema, sólo en parte, es que los jóvenes elijen mal, el resto, es que el Estado no ha definido qué le corresponde hacer al respecto. La evidencia muestra que un alto porcentaje de estudiantes cursa carreras sin retorno financiero. Lo documentan Bucarey y Urzúa en Estudios Públicos (2013) y, más recientemente, el Estudio de Mercado sobre Educación Superior de la FNE (2025). Los datos no son nuevos.

Por su parte, la literatura sobre comportamiento estudiantil entrega una imagen mixta. Así, los jóvenes muestran preferencias sistemáticas por instituciones mejor posicionadas en rankings y por carreras con mayor empleabilidad esperada; no son ciegos, leen señales. Sin embargo, el componente salarial pesa relativamente poco en su decisión y exhiben sesgos. Uno de ellos es la aversión por lo percibido como difícil, en particular cuando hay matemáticas involucradas. Las carreras de ingeniería, ciencias y tecnología, que en general ofrecen los mejores retornos, enfrentan una demanda menor a la que sugeriría su valor económico, y las brechas de género profundizan ese desfase. En el extremo opuesto, algunas carreras atraen en parte por una imagen que oscurece su realidad: la de turismo aventura, con cordilleras patagónicas, la de veterinaria con pudúes atendidos en instalaciones inmaculadas, suelen proyectar una realidad que poco tiene que ver con tasas de desempleo altas y mercados laborales estrechos. Respecto de carreras que hasta mediados de los 80 eran de elite, el cambio es significativo. Hoy, Psicología lidera las matrículas universitarias con más de 11 mil nuevos estudiantes al año y Derecho supera los 10 mil, ambas entre las carreras con alta saturación según el portal MiFuturo y el estudio de la FNE.

¿Qué debe hacer el Estado? La vía de limitar cupos por decreto es paternalista, e inhibiría decisiones de personas e instituciones conscientes e informadas. La tarea clave del Estado es garantizar que al menos la información sobre empleabilidad real, ingresos al primero, tercer y quinto año, deudas promedio al egreso y porcentaje de titulados que ejercen efectivamente su profesión llegue a los estudiantes y a los liceos, estandarizada y accesible en el momento de elegir.

Pero al Estado le cabe otro rol. No debe ocurrir que el Estado financie, con impuestos de todos los chilenos, cualquier decisión que tomen las instituciones de educación superior. El sistema actual, gratuidad, crédito con garantía estatal y becas, hace fluir el financiamiento hacia vacantes que las instituciones deciden abrir en las carreras que estiman conveniente ofrecer, también en función de los números que les resultan rentables a ellas, sin considerar lo que ocurra con los estudiantes. Eso no es neutralidad, sino una política que determina decisiones y que el Estado no ha querido reconocer como tal.

Esto no significa abandonar las humanidades, las artes, la filosofía o las ciencias sociales, disciplinas con un valor que los indicadores de salario no capturan. Una sociedad sin filósofos, historiadores o artistas sería más pobre en dimensiones que el mercado laboral no mide, y el Estado tiene razones para sostenerlas. Pero debe tener una visión del orden de magnitud. No cualquier número que la oferta institucional genere por razones de matrícula y aranceles merece financiamiento público.

La solución no es coercitiva sino transparente. Si el Estado determinase, por ejemplo, que financiará sólo mil cupos de diseño al año y el total de instituciones ofrece algo más de tres mil, entonces la gratuidad, el crédito subsidiado y las becas deben ir donde los primeros mil estudiantes decidan estudiar por elección. El resto podrá hacerlo, nadie debiera impedirlo, pero sin traspasar ese costo al resto de la sociedad.

Esa señal directa y no coercitiva falta. En su ausencia, seguimos construyendo un sistema que dirige recursos masivos hacia egresados que el mercado no demanda y que, en escala, constituye un daño distribuido: entre jóvenes que cargan con la deuda y entre contribuyentes que financian la ilusión. Es, también una forma de política pública que nadie explicitó, que todos pagamos y que será progresivamente más costosa.

Por Ricardo Paredes M., economista