SEÑOR DIRECTOR:

Si bien resulta valorable la preocupación respecto de la sostenibilidad fiscal del sistema de financiamiento estudiantil planteada en una carta ayer en su diario, quisiera recordar algunos puntos ya discutidos en la tramitación.

No existe evidencia empírica de que los sistemas con pagos contingentes al ingreso aumenten la informalidad ni incentiven a los empleadores a subdeclarar rentas, sobre todo en el caso de estudiantes de educación superior. Aun así, el 4 de agosto se presentaron sensibilizaciones en esta línea a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, según parámetros sugeridos por el CFA. ¿El resultado? Un alza de 1% en egresados con rentas informales o exentas apenas reduce los ingresos y no compromete la sostenibilidad del sistema, manteniendo el ahorro fiscal.

La presentación, disponible en la web del Congreso, incluye varios escenarios y en todos ellos la conclusión es la misma: este sistema es más eficiente que el CAE y permitiría reducir el gasto público en educación superior en beneficio de otras prioridades sociales.

Además, el proyecto propone usar la capacidad instalada del sistema tributario para cobrar, lo que ha sido valorado transversalmente en la tramitación y por el CFA. También contiene fuertes incentivos para regularizar a los deudores del CAE y posterga la ampliación de la gratuidad a los deciles superiores, contribuyendo a la sostenibilidad fiscal.

Por último, cabe recordar que no se legisla sobre una hoja en blanco. La propuesta es reemplazar un sistema que se ha vuelto una pesada carga financiera tanto para las familias como para el Fisco: el CAE demanda un gasto anual cercano a $800.000 millones, por eso es importante traer a la discusión propuestas que permitan dar sostenibilidad a nuestro complejo sistema de financiamiento a la educación superior.

Pablo Jorquera Armijo

Jefe de Estudios de Dipres