El gobierno ingresó al Senado un proyecto de reforma que introduce cambios a la Constitución. Su fundamento estaría en reconocer la existencia de un nuevo fenómeno en nuestra sociedad: el crimen organizado. Este se caracteriza por disponer de recursos que les permiten un poder de fuego que puede superar la fuerza legítima del Estado.

La agenda de seguridad contiene, además, numerosos proyectos de ley en trámite en el Congreso y otros enviados estos días, como el que modifica la ley antibarricadas. De ellos, 23 tienen urgencia.

No siendo abogado ni menos constitucionalista, no podría hacer propuestas de especialista, pero sí opinar desde el punto de vista de los principios y experiencia en políticas públicas. Así, considero plausible, no necesariamente imprescindible, que una realidad tan evidente como el crimen organizado sea tratada en nuestro ordenamiento jurídico al máximo nivel institucional. Esa ha sido una de las discusiones que tanto desde la oposición como en partidos oficialistas han surgido frente a la reforma. Algunos en la oposición han planteado estar dispuestos a dialogar respecto de esta agenda, pero rechazan tajantemente una reforma constitucional. Curioso.

Lo que parece pertinente es que si para garantizar el orden público (un derecho ciudadano) es menester limitar otros derechos, sería conveniente observar principios como la prudencia y la proporcionalidad. Un nuevo estado de excepción puede entonces justificarse (ya lo discutirán los especialistas) pero habrá de estudiarse la duración del período en que el Poder Ejecutivo podría restringir derechos sin mediación de otros poderes del Estado. Parlamentarios oficialistas han propuesto rebajar sustancialmente esos plazos. Es legítimo preguntarse también si facultades para interceptar y registrar documentos y comunicaciones pueden concederse sin intervención del Poder Judicial, lo que también es discutido por senadores oficialistas.

Otro tema es si la confección de un registro de organizaciones de crimen organizado y terroristas deben hacerla poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) o judiciales.

Son varias las consideraciones que quien conduce esta negociación, el ministro Martín Arrau, y otras autoridades debieran profundizar. Si el gobierno encuentra una oposición dispuesta a dialogar buscando equilibrio entre seguridad pública y otros derechos, se favorecería al país.

La decisión de ingresar la reforma por el Senado, donde no están asegurados los votos para aprobarla, podría revelar flexibilidad del gobierno. Es compatible, también, con una estrategia que ponga énfasis en aprobar pronto leyes que mejoren la seguridad de los chilenos y tienen amplio apoyo ciudadano. La reforma constitucional puede ser útil para completar una agenda robusta de seguridad, pero puede no ser la piedra angular de ella.

Por Luis Larraín, Presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo