Si bien tanto el sector empresarial como un exministro de Hacienda de signo político distinto han celebrado esta reforma —probablemente pensando en lo indispensable que se ha vuelto implementar medidas que promuevan el alicaído empleo local—, no se puede ser miope en el análisis y dejar fuera los riesgos. Hoy ya enfrentamos una situación similar con la PGU, cuyo financiamiento no se puede garantizar con certeza, pues la ley de cumplimiento tributario destinada a ello ha recaudado menos de lo esperado.

El gobierno presentó este mes sus indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, con urgencia en el Senado. La fórmula es la ya conocida, un fondo de sala cuna financiado con una cotización de 0,35% de cargo del empleador, compensada con una rebaja equivalente al seguro de cesantía. La CPC valoró que no se generen nuevos costos a la contratación femenina, y el exministro Mario Marcel llamó a la oposición a aprobar.

Vale hacer el paralelo con la PGU. Su aumento a $250 mil se iba a financiar con la recaudación proyectada de la Ley de Cumplimiento Tributario, proyección que no calzó: la repatriación de capitales recaudó apenas un 15,6% de lo estimado, obligando a Hacienda a pedirle al Consejo Fiscal Autónomo que evalúe si el beneficio está realmente financiado, pues los aportes propios de la PGU no cubren más del 20% de su costo.

La sala cuna universal se construye sobre el mismo gesto, comprometer un flujo futuro manteniendo el gasto presente, bajo el supuesto de que las proyecciones de uso se sostendrán en el tiempo. El diseño replica el mismo punto de fuga de la PGU, la garantía estatal de respaldo si los recursos no alcanzan, mecanismo por el cual su costo terminó migrando al gasto corriente.

Un flujo estable no es lo mismo que un flujo suficiente.

Hay otra variable que esta discusión parece soslayar. La fecundidad en Chile cayó a 0,99 hijos por mujer en 2025, la más baja de Latinoamérica, y el INE proyecta crecimiento natural negativo desde 2028. Si la población infantil sigue contrayéndose, las proyecciones de uso del fondo pueden quedar obsoletas antes de que el sistema alcance régimen, el mismo desfase entre proyección y realidad que hoy tiene a la PGU pidiendo una revisión.

En lo micro, el avance es real. Eliminar la obligación que hoy recae solo sobre empresas con 20 o más trabajadoras, sin cargar la mano al empleador, corrige una distorsión que el mercado laboral no puede seguir postergando. Pero en lo macro, un consenso tan amplio y rápido debería invitar a mirar con mayor detención el diseño financiero, no a dejar la discusión para después.

La sala cuna universal es necesaria. Por lo mismo, el debate debe estar a la altura, basado en datos y no en el optimismo fiscal que en cualquier momento podría poner en duda su sostenibilidad.

*La autora de la columna es managing director de tax, employment & compensations de KPMG Chile